El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha solicitado a la Justicia sueca que retire la orden de arresto que actualmente pesa en su contra por supuesto abuso sexual tras conocer el dictamen de Naciones Unidas que declara que su estancia actual en la Embajada ecuatoriana en Londres equivale a una “detención arbitraria”.

“Creemos que han aparecido varias circunstancias nuevas que aportan razones para revisar la decisión previa”, ha declarado Thomas Olsson, uno de los abogados de Assange.

Assange lleva recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político al país sudamericano. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, insistiendo en que tiene la “obligación legal” de extraditarle a Suecia.

El pasado 5 de febrero, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Detención Arbitraria dictaminó que Assange “fue arbitrariamente detenido por los gobiernos de Suecia y Reino Unido”. En un comunicado, los expertos de la ONU han sostenido que la detención del australiano debería terminar y se le debería conceder “el derecho de compensación”.

El fundador de Wikileaks fue objeto en 2010 de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, de las cuales ya han prescrito tres, aunque aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020.

Assange solicitó asilo político argumentando que se encuentra en un “estado de indefensión” ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a Estados Unidos, donde supuestamente se está celebrando un juicio secreto, sin que Australia -su país de origen- lo impida.

Asegura que es víctima de una “persecución política” por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.