El Gobierno de Canarias valoró en 54 millones de euros la parcela hotelera que el Ayuntamiento se reservó en el convenio que incluyó la compraventa por 52 millones de las 11 parcelas del frente de playa en Las Teresitas. El dato, inédito hasta ahora, fue desvelado ayer en la jornada inicial del juicio civil que se celebra por este asunto durante la declaración de Javier Domínguez Anadón, perito propuesto por los empresarios que vendieron las parcelas.

El informe fue elaborado en 2006 por el jefe del Servicio de Ordenación Urbanística Occidental de la Consejería de Política Territorial, Juan José de Olano, y el técnico de dicho departamento José Antonio Rodríguez. Además de la valoración, lo más llamativo de dicho documento es que se realizó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que no consta que fuera luego aportado a la causa penal.

[sws_pullquote_left]Pía Oramas reitera su tasación, que justifica en las afecciones legales sobre las parcelas[/sws_pullquote_left]

Tal documento (cuyo contenido desvela hoy este periódico) fue encargado en razón al interés que tenía el Ministerio Público por saber si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tenía que haber expropiado las 11 parcelas del frente de playa en lugar de comprarlas. Los expertos gubernamentales tardaron tres meses (del 29 de mayo de 2006 al 25 de agosto del mismo año) en responder -grosso modo- que una expropiación solo eternizaría el caso en los tribunales.

Como quiera que la Fiscalía preguntó igualmente por el justiprecio que se debería haber abonado en caso de expropiación, Rodríguez y Olano respondieron que no son el órgano adecuado para responder a tal cuestión, pero que sí pueden aportar un dato a la Fiscalía.

Es entonces cuando relatan que la parcela en cuestión, que corresponde a la antigua batería militar, mide unos 40.000 metros cuadrados y que la misma está reservada para un hotel. Toman como referencia la parcela de Cabo-Llanos donde hoy se erige el Hotel Atlántida y que vende el propio Ayuntamiento mediante subasta pública por aquel entonces. La operación aritmética da los 54 millones.

Aunque sí fue la gran novedad, dio mucho más de sí la jornada inicial de este juicio civil, que versa sobre la demanda interpuesta por los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia (ambos imputados en la vía penal) contra el Ayuntamiento capitalino a raíz de que el Supremo anulase la compra de las parcelas del frente de playa porque la Corporación no se atuvo a la legalidad vigente durante la operación.

Lo más destacado fue, en primer lugar, la primera declaración pública sobre este caso de la entonces arquitecta municipal Pía Oramas, quien se reafirmó en la valoración que de los aprovechamientos de dichos terrenos realizó y que apenas alcanzan los 20 millones de euros. Oramas detalló que trabajó con tres informes: el primero de la Universidad Carlos III, el segundo uno propio y un tercero elaborado por TINSA que le llamó la atención porque le pareció elaborado ex profeso para rebatir el suyo, aunque finalmente los tres concluyeron en cifras similares. Por ello, Oramas (a la que apenas dieron seis días de plazo para su informe, del 28 de febrero al 5 de marzo de 2001) hizo un resumen de los tres que, sorprendentemente, no ha sido incorporado a este proceso civil.

La especialista, hoy en el Cabildo, explicó que barajó distintas hipótesis de trabajo y que su tasación es inferior a otras porque entiende que esas parcelas están afectadas tanto por el deslinde marítimo-terrestre como por los decretos de estándares jurídicos, y de ahí la merma en los aprovechamientos.

[sws_pullquote_right]Domínguez Anadón niega que las normas lastren el valor de los terrenos[/sws_pullquote_right]

Exactamente lo contrario defiende el arquitecto Javier Domínguez Anadón, quien declaró como perito de parte de los empresarios y elevó el precio del frente de playa hasta 71 millones. Como Oramas, Domínguez descarta que la llamada moratoria turística afectase a estos terrenos, pero tampoco considera que lo hagan ni el deslinde ni los estándares turísticos. Para argumentarlo, el arquitecto recuerda que ambas normas incluyen disposiciones transitorias aplicables al caso y que conllevarían una indemnización y/o compensación a los empresarios. También mostró un trabajo en el que desplaza la edificabilidad prevista para demostrar que tal sistema de compensación era posible casi al cien por cien.

Poco aportaron los testigos de parte del Ayuntamiento. Elías Medina reconoció que la posición que defiende sobre un aumento del terreno dado a los empresarios es polémica incluso en la Corporación, y reconoció que no aplicó para la misma las normas del Plan General de 1992. En cuanto a Berta Álvarez, explicó de inmediato que nadie le pidió una valoración sobre la compraventa de 2001, por lo que utilizó para su trabajo la Ley del Suelo aprobada seis años después.

[sws_grey_box box_size=”100″]Miembros de un mismo club: Hubo tensión en los interrogatorios y cordialidad después

Son todos miembros de un mismo club, y ese club, el de los especialistas tinerfeños en Derecho urbanístico, no es precisamente numeroso. Vamos, que los protagonistas de la primera sesión del juicio civil por el caso Las Teresitas no eran, precisamente, unos desconocidos entre ellos. Y eso se notó, pero después. En los recesos y al final de la sesión, que se prolongó durante cinco horas, hubo cordialidad, pero en el estrado… La ocasión lo merecía (demasiados millones de euros en liza) y los interrogatorios pasaron por momentos cargados de tensión y se realizaron sin miramientos. Con puño de hierro envuelto en guante de seda (nadie perdió las formas) preguntó Ángel Luis Guimerá -abogado de ILT- a Pía Oramas; de idéntica forma actuó Juan Luis Estévez -letrado del Ayuntamiento- cuando llegó el turno de Javier Domínguez Anadón.

Pero la protagonista del día era, sin duda, la citada Pía Oramas, que ayer realizó su primera declaración pública sobre el caso. Cuando estaba en plena batalla dialéctica, bastaba con cerrar los ojos para escuchar el mismo tono que usa su hermana Ana, la diputada de Coalición Canaria, cuando quiere machacar desde la tribuna a un socialista (antes) o a un podemita (ahora). Pero no. En un juicio como el que nos ocupa hay que abrir bien los ojos y además Oramas (Pía) es más alta. Sus dorados rizos contrastaron con la mente despejada de Domínguez Anadón. Disculpen la referencia, pero es que los testigos y/o peritos declaran de espaldas a los periodistas. Bueno, a los periodistas que no tuvieron que sentarse ayer en el suelo, claro está.

En resumen, todos se conocen en este club, tan tinerfeño él. Por eso, todo el mundo sabe que Pía Oramas es una persona con una honradez fuera de la más mínima duda. Como todo el mundo sabe también que, de esto, el que más sabe es José Ángel Domínguez Anadón.[/sws_grey_box]