Más de 700 causas judiciales de distinta índole tiene abiertas en estos momentos el Cabildo de Tenerife, aunque no solo relativas a la propia Institución y sus empresas dependientes, sino también a algunos ayuntamientos de la Isla, que son representados por los servicios jurídicos insulares.
En concreto, se trata de 702 procedimientos, de los cuales 348 son contenciosos-administrativos, 306 causas sociales, 27 procedimientos civiles y 21 asuntos por vía penal, informó a DIARIO DE AVISOS la directora de Recursos Humanos y Servicios Jurídicos del Gobierno insular, Dolores Alonso. Además, destacó que aproximadamente la mitad de estos asuntos se realizan en representación de los municipios que así lo solicitan. Otro aspecto que destacó la directora insular es el resultado favorable para el Cabildo de las sentencias. Citó como ejemplo el año 2014, cuando más de la mitad de los causas fueron favorables a la Institución insular, situándose en un porcentaje del 60%.

De la totalidad de pleitos por vía contencioso administrativo abiertos en estos momentos, destaca que 204 son en representación de ayuntamientos de Tenerife, que al carecer de servicios jurídicos, solicitan la defensa por parte del equipo insular. Esta defensa, se presta de manera voluntaria -salvo que los intereses vayan en contra de los del propio Gobierno insular- y no como imperativo legal.
El resto de contenciones se reparten entre los relativos a la propia Institución insular (111), y las causas relacionadas con las empresas del sector público, que ascienden a un total de 33.

En cuanto a la temática más repetida de estos contenciosos llama la atención los casos de responsabilidad patrimonial, y otros ámbitos con menor presencia como expropiaciones o contratación administrativa. “Los servicios jurídicos del Cabildo llevan la representación jurídica de la propia Institución y de los ayuntamientos en la medida que nos la solicitan previa la encomienda y solo hay supuestos en los que se puede rechazar, si entra en colisión el interés de ambas corporaciones”, incidió Alonso.

Añadió que el total de asuntos nuevos asumidos en 2014 por el servicio, aproximadamente el 50% es en representación de los ayuntamientos. “Hay más actividad por solicitud municipal que por la propia Institución”. Resulta significativo el aumento en los últimos años de las peticiones por parte de las corporaciones municipales para asumir su defensa.

“El segundo gran volumen de los servicios es la jurisdicción social, donde la mayor partes es contra el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)”, dijo. “De los 306 totales, 122 son frente a los ayuntamientos y el resto son frente al Cabildo o su sector público y la mayoría de estos dos casos, contra el IASS”, añadió.

Además de contenciosos y causas sociales, los servicios jurídicos trabajan en otros dos bloques, como son la vía penal, en donde tienen 21 causas y la civil, con 27 procedimientos, la mayoría expedientes de dominio.

Algunos de los casos más llamativos

à Intercambiador. Una de las causas en las que está el Cabildo de Tenerife es el referido a la caída del techo del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz, en 2013. Se trata de los recursos interpuestos por los arquitectos y la empresa que hizo la obra contra el acto del Gobierno de Canarias que les exigió responsabilidad contractual por defectos constructivos. TITSA está personada como codemandada y defendida por un abogado particular; y la Institución insular está personada como codemandados. El procedimiento está pendiente de sentencia, informó la responsable insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, Dolores Alonso.

à Carreteras. Otro de los casos en los que están presentes los servicios jurídicos insulares es la investigación que desde la Fiscalía se está realizando del área de Carreteras, durante los años 2007-2011, aproximadamente, por la situación irregular de algunas facturas, cuyo importe ascendía a cerca de 17 millones de euros.

à Sinpromi. Desde el año 2014, está siendo investigado por los juzgados de la Isla el presunto robo de cerca de 800.000 euros por el anterior director financiero de la entidad pública Sinpromi, Andrés Pedreira.