Caso Áridos / Desfile de testigos

La carga testifical se vira contra el único acusado que sigue en juicio

El exsecretario municipal reafirmó la condición de administrador del acusado / NORCHI
El exsecretario municipal reafirmó la condición de administrador del acusado / NORCHI

El desfile de nueve testigos durante la penúltima sesión del juicio oral del caso Áridos -mañana serán las conclusiones-, reafirmó las tesis del Ministerio Fiscal y la acusación particular sobre la condición de administrador único de la empresa extractora Áridos del Atlántico SL de Francisco Javier del Rosario Fuentes.
El joven arenero del Puertito de Güímar, que teóricamente heredó la empresa de su padre, Julio del Rosario Cabrera (Jurocasa) a principio de los años 2000, no aceptó el acuerdo de culpabilidad que aceptaron los otros tres areneros (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia), por defender que no era administrador de Áridos del Atlántico y por tanto de las canteras Llano 1, Llano 2 y El Fregenal, hasta noviembre de 2008, cuando ya las canteras estaban clausuradas y no se cometía ninguna actividad ilegal.
Sin embargo, tanto el fiscal Jaime Serrano como el letrado de la acusación particular, Carlos Álvarez, han tratado de desmontar con evidencias y con mucha documentación existente -hasta sesenta expedientes firmados por él, según la acusación- en los que se recoge la condición de representante legal y, por tanto, de “poder decisorio” del único acusado que queda en el procedimiento y que se enfrenta a cinco años de cárcel y una multa millonaria (supera los 60 millones de euros) por atentado contra el medio ambiente, aparte de la obligatoriedad de rehabilitar todo el suelo degradado desde la década de los noventa hasta 2008 en que se hizo efectiva la clausura de las canteras.
Por la sala 12 del Palacio de Justicia pasaron ayer ecologistas, agricultores, los dos denunciantes, el exalcalde Rigoberto González y el exsecretario municipal de Güímar, hoy en Puerto de la Cruz, Domingo Jesús Hernández.
Todos ellos fueron contundentes a la hora de calificar como destrozo ecológico lo sufrió la zona de los barrancos de Güímar durante años por la extracción ilimitada de áridos, mientras las administraciones supramunicipales miraban para otro lado.
Domingo Jesús Hernández Pereda, que ejerció de secretario municipal desde 2003 a 2009, no tuvo dudas en reconocer a Francisco Javier del Rosario como “el administrador único de Áridos del Atlántico” y recordó incluso que cuando se le dio trámite de audiencia a la empresa de una sentencia del TSJC “fue él quien presentó el escrito de alegaciones” y recordó además que fue Francisco Javier del Rosario quien “el 23 de junio de 2004 se opone a la ejecución del precinto de la cantera”.
El exsecretario tampoco dejó dudas en afirmar que el acusado era quien recibía todas las comunicaciones del Ayuntamiento , excepto en un período de enero de 2006 a abril de 2007 en que Miguel Reyes tramitó expedientes ante el Gobierno de Canarias.
Aunque el abogado defensor, quien fuera uno de los jueces instructores del caso,  trató de buscar la contradicción en el secretario, éste se mantuvo firme en asegurar que “Francisco Javier del Rosario tenía poder de representación y de decisión”.

Eustaquio Villalba, tras su declaración / NORCHI
Eustaquio Villalba, tras su declaración / NORCHI

Eustaquio Villalba: portavoz de ATAN
“Estuvimos años denunciando a los delincuentes que cometieron el delito ecológico y a los que los cómplices, desde el Gobierno hasta el Ayuntamiento, pasando por el Cabildo”, admitiendo que los llamó banda porque “se saltaban la Ley”. Villalba explicó que existe un grave riesgo porque “un aluvión provocaría que se colapsaran los hoyos y formaría un tsunami que arrasaría lo que encontrara a su paso, similar a las grandes avenidas de 1826”, relató Villalba.

Rigoberto González: exalcalde 1992-96 y 1999-2003
El exalcalde de Güímar, el socialista Rigoberto González, no tuvo dudas en identificar a Francisco Javier del Rosario como el representante legal de Áridos del Atlántico, “aunque conozco más a su hermano”.Puso como ejemplo el convenio que en 2002 se firmó en el Cabildo con los areneros para que indemnizaran con 150 millones de pesetas al Ayuntamiento por los daños causados con la extracción. “El firmó y nunca negó que no fuera el administrador único”, sentenció.

Rigoberto González, Francisco Hernández y Segundo Jorge, tres de los testigos / NORCHI
Rigoberto González, Francisco Hernández y Segundo Jorge, tres de los testigos / NORCHI

Francisco Javier Hernández Armas: denunciante
El exconcejal de la oposición fue el denunciante del caso en 2005, junto al agricultor Segundo Jorge, que también declaró como testigo. El exedil recordó que la querella “se presentó contra Francisco Javier del Rosario porque en todos los papeles aparecía como representante de Áridos del Atlántico” y solo supo de la existencia de Miguel Reyes, de quien la defensa dice que era el auténtico administrador, “en 2006 cuando nuestro abogado se enteró que era el apoderado”.