Los socialistas canarios han activado la palanca de la presidencia del Congreso para impulsar la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que el Parlamento regional aprobó en marzo de 2015 para su remisión a las Cortes. Siete meses después, la Mesa de la Cámara baja indultó la iniciativa de la quema al certificar que no caducaba. Ya en la undécima legislatura, se ha engrasado la maquinaria para la puesta en marcha de los trabajos.
El secretario de Organización del PSOE de Canarias, el senador autonómico Julio Cruz, se refirió ayer a esta cuestión durante la rueda de prensa que ofreció en la sede del grupo Socialista para presentar el “programa reformista” con el que Pedro Sánchez negocia la investidura. Fue tajante al rechazar la devolución del texto, algo que ha reclamado la oposición en bloque (PP, Podemos, Nueva Canarias y ASG). Incluso lo plantea la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que aporta dos actas a la bancada nacionalista (CC-PNC). Sobre la postura de NC, socio del PSOE en las Cortes, Cruz comentó: “No creo que pida la retirada. Sería un retraso injustificable”. A los partidos que no participaron en el debate -unos se negaron y otros no estaban- les animó a que aporten ideas a través de su representación en las Cortes. “Estamos abiertos a escuchar y a colaborar”, enfatizó. “Esto no está cerrado”, apostilló Cruz.
Tal como ha resuelto el órgano rector del Congreso, el procedimiento se inicia formalmente con el análisis de la documentación a fin de “comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos”. Si no se observan inconvenientes, ordenará su publicación y se enviará al Gobierno. La propuesta será sometida posteriormente a la toma en consideración del pleno. La defensa de la proposición de ley orgánica la ejercerá una delegación canaria cuyos componentes fueron elegidos el 9 de septiembre de 2015. Se trata de los portavoces parlamentarios de CC y el PSOE: José Miguel Ruano y José Ignacio Álvaro Lavandera, con Guadalupe González Taño (CC) y Rosa Bella Cabrera Noda (PSOE) como suplentes. Si la votación resulta favorable, empezará a contar el plazo de las enmiendas al articulado y la Comisión Constitucional comenzará su labor. Pero, ¡ojo!, en el supuesto de que el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- aplicara el veto, se infomaría de inmediato a la Asamblea regional a los efectos de una eventual retirada.
Entre las modificaciones que promueven CC y el PSOE, se encuentran la capacidad de disolución anticipada del Parlamento, los decretos leyes y un reajuste del sistema electoral. En relación a este último punto, la próxima semana se autorizará la creación de una comisión de estudio.