Casi la mitad de los testigos previstos, entre renuncias y las piezas separadas, no tendrán que pasar por el Palacio de Justicia donde se celebra desde hace un mes el juicio oral del llamado caso Arona 1.

En concreto, hoy se supo que solo las defensas de los trece acusados han desestimado la presencia de un centenar de arquitectos que estaban llamados a declarar a partir de marzo, por lo que todo hace suponer que el macrojuicio no llegará a la fecha del 9 de mayo, inicialmente designada para las conclusiones.

Lo que si se mantiene son la sesiones donde se oirán las grabaciones telefónicas ordenadas para el juez instructor Nelson Díaz, después de que el tribunal haya desestimado la solicitud de la abogada del grupo de gobierno , Olga López, y la de los letrados del resto de acusados, de anulación de las mismas.

Mientras tanto, hoy se reanudaron las sesiones con la decimotercera sesión, la más rápida de cuantas se han celebrado hasta hoy, no llegando a las dos horas.

Comenzó la ronda con la presencia de Ernesto Martínez, vigilante de la parcela propiedad de los Ansorena en Costa de Silencio desde 2001 a 2005, que ratificó la amenaza ya conocida del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa. Según Martínez este se presentó en los terrenos y gritando dijo a los Ansorena y que “jamás tendréis la licencia”, unos días antes de que la obra que se estaba realizando de desmonte y cimientos fuera parada, según los Ansorena por negarse a pagar 45 millones de euros que les había solicitado en una gasolinera el empresario-intermediario, Arsenio Zamora. El vigilante dijo además que conocía a Eliseo de la Rosa de Valladolid, de donde son ambos.

Pese a ser contratados como juristas urbanistas por los Ansorena, de quienes cobraron 600.000 pesetas por tramitar una licencia que tardó cuatro años en conseguirle (2001-2005), tanto Luis Eugenio Gutiérrez como Jesús Villodre Cordero, se mostraron poco contundentes e incluso faltos de memoria a la hora de recordar con quienes se reunieron en el Ayuntamiento o de quienes eran los informes desfavorables.
Ambos, sin embargo, se mostraron convencidos de que “si se hubiera dado la licencia a tiempo, nuestros clientes no se habrían visto afectados por la moratoria turística de 2003”, a raíz de la cual las viviendas ya debían tener un mínimo de 100 metros cuadrados para uso residencial que “imposibilitó que luego consiguieran financiación, algo que Villodre calificó como “muy curioso”, en referencia a las pegas que le ponían la tasadora Tinsa, cuando tras obtener los informes favorables del Cabildo, Gobierno y Costas lograron la licencia de obras en el Ayuntamiento en septiembre de 2005, porque “el secretario general no tenía dudas”.

Luis Eugenio Gutiérrez , al igual que su compañero de despacho, insistió que “el marco legal en aquella época era muy confuso” y le costó reconocer, a pregunta de la jueza ponente, que presentaron en el Ayuntamiento el informe que les pidió el Cabildo en que demostraban que la “residencialización” de Costa del Silencio “era algo palpable”, que era “más residencial que hotelero”, justo al lado de la parcela de los Ansorena.

Marcos Brito Melo, también denuncia “la mordida”

Se excusó de que debido a su avanzada edad, 84 años, ya no oía muy bien y fue por eso que la declaración de Marcos Brito Melo se convirtió en un auténtico jeroglífico, aunque si hubo algo que quedo claro, es que a este agricultor con una finca de 152.000 euros “muy apetecible” en La Asomada de Arona, según el mismo dijo, le pidieron 25 millones de pesetas para legalizar unos cuartos que había realizado según él para “acoger a los seis o siete trabajadores que tenía en la finca”.

No supo aclarar quien le pidió ese dinero, excepto que “se trataban de dos chicos jóvenes, seguramente de Cabo Blanco o Buzanada” y que “siempre me estaban acechando” llegó a decir en una intervención que no dejó indiferente a nadie, aunque por las lagunas que mostró el testigo, de muy poco valor para la acusación o para las defensas.

Brito Melo negó primero que allí le hubiera propuesto en concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, construir un colegio y más tarde dijo lo contrario, mezclando también esa posible construcción con otra que le ofreció el Gobierno de Suecia, que finalmente no se hizo y por la cual perdió “tres millones de euros”, por eso que están ahí detrás, refiéndose a los acusados.

La familia Serra Ladrero

Después de muchos cambios, por las ausencias y las renuncias, el calendario del desfile de testigos ha variado, aunque para mañana está previsto que acudan la esposa e hijo de uno de los principales acusados, el exedil Félix Sierra, acusado de cohecho entre otros delitos. Alicia Ladrero, que trabaja en una gestoría del edificio Valdéz Center que gestiona la hermana de su marido desde hace 26 años, acudirá hoy en calidad de testigo, al igual que el hijo, Luis Sierra Ladrero, también llamado por la Fiscalía. Los ingresos de un plan de ahorros de CajaCanarias del hijo será cuestionado por la fiscal y el acusador particular.

Cheché Alayón solo sabía el 10%

Pese a que el primer día ya trató de evidenciar que la medicación a la que está sometido, tras haber sufrido un ictus, le impediría estar en el juicio, el exconcejal Cheché Alayón no ha querido traer la baja médica porque asegura “quiero estar con mis compañeros” y porque “del 90% de las cosas que se dicen me estoy enterando aquí”, insistiendo como “buen comunista”, que las licencias que se dieron al menos en las unidades de actuación que estaban al 80% era para “trabajadores” que se fabricaban su casa como todo el mundo lo hacía en Canarias antes de que llegara el PGO. Alayón está contento porque si el juicio termina antes como se prevé, acudirá como todos los años al 1 de mayo de La Habana.