Miguel Reyes reconoció hoy que era el administrador único de Áridos del Atlántico desde 1994 a 2008, cuando se jubiló, avalando así la tesis del único acusado que queda en el caso Áridos, Francisco Javier del Rosario Fuentes, quien sigue en juicio porque defiende que no era el administrador de la empresa hasta que se jubiló Reyes.
Reyes, de 73 años, comentó que se desvinculó de la empresa cuando se jubiló porque “ no ví rentable el proyecto de regeneración que le presentamos al Ayuntamiento y que nunca contestó, cuando queríamos rellenar los hoyos con escombros”, manifestó durante la tercera sesión del juicio oral que reanudará el día 18.
Según Reyes, la extracción de áridos se dejó de hacer en 2006 al no conseguirle la licencia municipal, pese a un convenio firmado el 12 de febrero de 2002 con el Ayuntamiento de Güímar en que los areneros pagaron durante un año y medio 120 millones de pesetas, en el caso de Áridos del Atlántico se pagó medio millón de pesetas mensuales durante 18 meses.
Tanto el fiscal, Jaime Serrano Jover, como el acusador particular y popular, Carlos Álvarez, tratan de probar, para culpar a Francisco del Rosario de delito medioambiental en los barrancos de Güímar, que él ejerció de administrador antes del 2008, al haberse reunido en más de cuarenta ocasiones con las administraciones como representante legal o apoderado. Álvarez, al finalizar la sesión de ayer, le indicó al tribunal que presentará como prueba cuarenta folios de documentos firmados por Francisco del Rosario ante el Ayuntamiento como administrador.
Hay que recordar que los otros tres areneros, Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, llegaron a un acuerdo tras reconocer los hechos delictivos y asumir una rebaja de la condena que les evita la cárcel pero les obliga a restaurar el suelo destruido en los barrancos de Güímar.
Miguel Reyes, que fundó Áridos del Atlántico en 1994 cuando arrendó Jurocasa, la empresa del padre de acusado, Julio del Rosario Cabrera, expuso en más de una ocasión que debido a su edad no recordaba datos y señaló que si Francisco Javier del Rosario firmaba como administrador era porque él verbalmente se lo había consentido, admitiendo que entró en la empresa como administrativo y cobraba “como marca el convenio de la construcción, ni más ni menos”.
Desmintió que se siguieran sacando áridos de las canteras Llano 2 , Llano 3 o El Fregenal después de ser precintada, aunque “si se trataban áridos”, dejando claro que no hacía falta estudios para llevar una empresa de ese tamaño porque “el trabajo no tenía ciencia: un molino y a machacar piedras”, admitiendo que los documentos que se pasaban a las administraciones los redactaban juristas externos, “no Francisco Javier”.
Cuando se le preguntó por las licencias no supo explicar si le faltaba alguna más que no fuera la municipal y entendió que el convenio firmado en el 2002 le permitía extraer áridos, cuando en realidad era para pagar el daño causado en el territorio, no para seguir rebajando la cota de los grandes hoyos dejados como huella en los barrancos güimareros. El acusado, pese al testimonio de Reyes, se mostró abatido: “Esto es un linchamiento”, dijo.

Los otros testigos

José María Sáiz, extécnico jurista del Ayuntamiento de Güímar, dejó claro que “era imposible que los areneros entendieran que el convenio firmado en 2002 significaban que ya tenían licencia municipal para extraer áridos; en términos urbanísticos es imposible dar licencia a cambio de dinero”, sentenció.
El técnico recordó que aquel convenio por el cual el Ayuntamiento recibía 120 millones de pesetas, “se hizo para que los empresarios repusieran el daño causado, no para que siguieran abriendo hoyos”.
Recordó que una visita para precintar una cantera, junto a un policía y arquitecto municipal, estaba Francisco Javier del Rosario en ella “pero no sé en calidad de qué”, contestó al fiscal.
Margarita Alonso López, funcionaria del Ayuntamiento, también participó en alguna inspección y afirmó que “ninguna de ellas tenía licencia municipal, ni antes ni después del convenio” y aclaró que todos trámites los llevaba entonces desde la secretaría, Domingo Jesús Hernández.
Irene Arteaga Afonso, personal laboral de la APMUN (Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural) dijo no reconocer al acusado y se limitó a decir que en las inspecciones no solían estar los empresarios.