La decimoséptima jornada del juicio oral del caso Arona 1 deparó la declaración como testigo de Mónica de Luis, hija de uno de los principales acusados, el exparejador municipal Roberto de Luis, así como la de un tasador y un arquitecto.

La hija de Roberto de Luis -no compareció su hermano Alejandro, comenzó manifestando que cuando estudió en Madrid y Oxford, desde 1999 a 2005, sus padres le ingresaron unos 70.000 euros en la cuenta del Banco Popular que sirvieron para amueblar el piso adquirido en la entonces calle Josep Plau y para sufragar los gastos ordinarios.

La testigo dijo desconocer cuánto se ha invertido en la sociedad Cram 4, propiedad de los cuatro miembros de la familia, pero que ella ella no ha aportó nada. Su creación fue una recomendación fiscal y dijo no recordar si en ella se ingresara lo que percibía su padre por los trabajos fuera de Arona.

Justificó haber declarado 123.000 euros de ingresos en el año 2004, cuando no trabajaba, señalando que eran ingresos de su ahora exesposo al que convenía la declaración conjunta. “La primera vez que hice una declaración de la renta propia fue el año pasado, todas las anteriores fueron conjuntas con mi exmarido”, declaró.

De su primo, José Antonio Molina Luis, que en la instrucción y sede judicial calificó a su tío del “cabecilla de una banda”, explicó que tenía un local en el centro comercial Presidente donde estaba la oficina de la inmobiliaria M&L que creó con el hermano de la declarante. “La relación de mi hermano y mi primo acabó muy mal. Este chico tiene muchos antecedentes. Se hizo pasar por mi padre, fuimos testigos de maltrato físico y psícológico a su pareja, entró en la cárcel, está pendiente de juicio por un tema de drogas, se dedicó a hacer contratos externos a la inmobiliaria sin la firma de mi hermano, se dedicó a la vida nocturna, era un delincuente, es una persona mentirosa, egocéntrica, manipuladora, prepotente; jamás en la vida mostró un ápice de agradecimiento y, lamentablemente, lo mismo hace con su madre y hermana, que tienen la casa embargada porque él no paga la hipoteca”, dijo con firmeza.

Reconoció que “soy la que peor relación tengo con él. Lo único que movía a mi padre era el deber moral que tenía con su hermana, que en las reuniones familiares le pedía que lo ayudara. Este chico empezó con el robo de una moto y mi padre intervino porque lo tenía como adoptado. Lo que quería era vengarse de mi padre, que nunca intervino en los asuntos de esa inmobiliaria” .

A la defensa respondió que en mi casa (la de su padre) siempre hubo coches de segunda y hasta de tercera mano que sirvieron de negocio a través de la reventa; solo hubo dos nuevos y remarcó que “jamás oí a mi padre hablar de que controlaba a los concejales ni se lo oí decir a mi primo”.

Tasador y arquitecto

La declaración del tasador Hipólito Antonio Armas apenas duró dos minutos, lo suficiente para afirmar que los gastpos de los Ansorena en la parcela de Costa del Silencio se valoró en 1.602.360,24 euros

El arquitecto Carlos Bernal Limiñana, quien elaboró un informe pormenorizado de las licencias urbanísticas denunciadas por encargo de Felipe Campos, ratificó la ilegalidad y nulidad de tales licencias al amparo de la legislación vigente puesto que se otorgaron en unidades de actuación no desarrolladas y que la revisión del Plan General de Ordenación de 2011 pretendió legalizar obras autorizadas al amparo del PGO de 1987 que llegaron a ocupar espacios públicos. Terminó afirmando con contudencia que hubo un perjuicio económico al interés general.