El Parlamento de Canarias ha decidido crear un grupo de trabajo del que se pretende formen parte, además de diputados autonómicos, representantes de empresarios y trabajadores del mundo turístico, con el propósito de analizar la actual situación laboral del sector. Se trata de una iniciativa aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios, que a mi juicio se han sobrepasado en sus atribuciones al abordar una cuestión para la que carecen de competencia y legitimidad. Ningún Parlamento -y tampoco ningún Gobierno- puede entrometerse ni tratar de dirigir la vida interna de las empresas privadas mediante políticas intervencionistas limitadoras de su libertad de acción, sea por absurdos afanes de un paternalismo trasnochado o con intenciones buenistas sobre políticas de personal que tienen su propio ámbito regulatorio en los convenios colectivos y en los acuerdos libremente pactados entre empresarios y trabajadores. Una vez fijado por el Estado el marco legal para las actividades laborales, la libertad de empresa es una cuestión esencial del sistema de economía de mercado que no puede ni debe ser distorsionada por nadie puesto que goza de protección constitucional. Solo faltaba que, como incomprensiblemente pretendió en su día una iniciativa socialista, el Parlamento -en detrimento de las atribuciones exclusivas y excluyentes del empresariado- quiera determinar la organización del trabajo, la contratación y plantilla de trabajadores y hasta su número en función de los beneficios de la empresa, la categoría del hotel o las habitaciones de que disponga, según se da a entender en algunas declaraciones que, además, criminalizan a todo el empresariado. Si algunos empleados -de manera recurrente se cita a las camareras de piso- se sienten explotados o se les exigen unas condiciones de trabajo incompatibles con las normas legales, lo que procede es la denuncia ante los ámbitos empresarial, sindical, administrativo o judicial, según proceda. Lo demás, pretender intervenir desde el Parlamento o tratar de decirle al empresario cómo tiene que actuar es puro dislate. Y, obviamente, los empresarios turísticos, creadores de riqueza y en su inmensa mayoría respetuosos con la ley, no están obligados a formar parte de ningún grupo de estudio de la cámara legislativa.