La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dejará de dar la aprobación definitiva a las iniciativas urbanísticas promovidas por los ayuntamientos y los cabildos, que tendrán la última palabra en esta materia con la nueva ley del suelo. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, presentó ayer en rueda de prensa el anteproyecto de reforma de esta normativa, que acababa de aprobar el Consejo.
Aunque la norma en cuestión sustituirá a las leyes del Territorio y de Armonización y Simplificación, además de a las Directrices de Ordenación, no regulará sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades clasificadas o vivienda. Los ámbitos sobre los que operará esta ley serán el medioambiental, el urbanístico y el del territorio, confirmó Clavijo. El objetivo es combatir la “maraña administrativa”, que obliga a hacer adaptaciones sucesivas del planeamiento. A partir de ahora, se invertirá el espíritu que prohíbe todo lo que no esté contenido en un plan, sino que será al revés, ya que “el fin último es acabar con los procedimientos interminables que hacen que el plazo medio de aprobación de un plan general de ordenación se sitúe en Canarias en los 12 años”.
Acompañado por la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, Clavijo resaltó que con esta ley también pretende dejar de usar un procedimiento extraordinario, como es la suspensión del planeamiento, como “modus operandi habitual” y que sigan aflorando leyes específicas, como los planes de modernización y de mejora turística.
Se trata, incidió, de “proteger el paisaje y las condiciones generales que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo”. A su juicio, la existencia de tres leyes, “multitud” de planes de ordenación y de “fronteras confusas” se deriva en una rigidez en el planteamiento con procedimientos “interminables”. Ello “produce tensiones entre las administraciones y supone una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos”, argumentó el jefe del Ejecutivo. En este escenario, Fernando Clavijo ilustró que se han dado casos en los últimos años de “vías de escape”, que no “soluciones”, como la suspensión del planeamiento aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio. Sobre esto último, mencionó la ampliación del aeropuerto de Gando (Gran Canaria), el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) y el recorte de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas de 2015. El mandatario reiteró que la iniciativa no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención en el consumo de suelo rústico. Y se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable solo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos.
En definitiva, se atiende al desarrollo sostenible como fundamento en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático. Desde ese criterio “irrenunciable”, Clavijo resumió que se quiere “simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos”.
HERRAMIENTAS
Según adelanta el borrador, “únicamente se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público”.
En lo que respecta a la revisión de los procedimientos, las herramientas de planeamiento (planes insulares o generales de ordenación) serán aprobadas por las administraciones competentes, en tanto que las afectadas intervendrán en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia”.
Este documento recoge el diagnóstico elaborado por el grupo de expertos que, bajo la dirección de la consejería, ha redactado el primer texto articulado de la futura ley del suelo.