El grupo Popular en el Cabildo de Tenerife presentó hoy una moción, que se debatirá en el pleno del viernes, en la que solicita la retirada del Parlamento de Canarias de una Proposición de Ley (PPL) planteada por la Corporación insular que pretende clasificar como suelo rústico de protección ambiental los barrancos de Güímar, en contra de lo pretendido por la alcaldesa popular, Carmen Luisa Castro.

La regidora municipal, junto a Manuel Domínguez y Ana Zurita, presidente y portavoz del grupo Popular del Cabildo, respectivamente, dieron hoy una rueda de prensa para exponer la solicitud de la retirada de la PPL, cuando inicialmente estaban a favor de la misma; “rectificar es de sabio”, reafirmó Domínguez, molesto por enterarse por la prensa de la nueva Ley del suelo canaria que ha presentado Fernando Clavijo.

La moción persigue que el desarrollo del municipio se haga a través del planeamiento territorial y urbanístico, con instrumentos de planificación unidos a documentos de sostenibilidad que garanticen un desarrollo sostenible -tanto ambiental como económico- en el municipio.

El presidente del grupo Popular, Manuel Domínguez, justificó la petición de la retirada de la PPL porque la protección de ese entorno, de más de cuatro millones de metros cuadrados, no permitiría su desarrollo desde el punto de vista económico, turístico, de ocio, agrario y ganadero, ni tampoco la generación de empleo, como se pretendía inicialmente por la alcaldesa, aplicando el artículo 47 que habla de la suspensión de los instrumentos de ordenación.

La portavoz del PP en el Cabildo, Ana Zurita, añadió que la retirada de la Proposición de Ley también se explica a raíz de la sentencia que condena a los empresarios areneros José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, sin ser esta ya la excusa que utilizaba el Gobierno por miedo a indemnizarles al cambiar el sentido del suelo minero por rústico de protección ambiental. Zurita añadió que “después de la sentencia del caso Áridos, la PPL ha dejado de tener sentido”.

Los tres areneros condenados tendrán que abonar las cantidades para restituir el daño causado y presentar un informe de recuperación de la zona de los barrancos, por una cantidad que supera los 150 millones de euros, a la espera de conocerse la sentencia sobre otro de los areneros, que se mantiene en juicio, Francisco Javier del Rosario, y la demanda civil sobre el caso que presentó el Ayuntamiento que exige 209 millones de euros para la rehabilitar los barrancos.

Luisa Castro reclamó para su municipio una compensación por todo el árido que se extrajo de los barrancos “para construir medio Tenerife” y sea él quién decida cómo restaurar la zona desde el punto de vista medioambiental y paisajístico.

Castro recordó que hay inversores privados esperando por el cambio de suelo para realizar ambiciosos proyectos que van desde la cumbre hasta el mar, entre ellos el conocido parque temático Mimiland Park, por lo que espera que el Cabildo acepte la moción y “permita que Güímar pueda ser un municipio turístico”, para lo que se necesitaría que el Cabildo cambie el PIOT.