El presidente del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Manuel Domínguez, ha pedido al presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, que “no mienta ni falte al respeto” al PP, a quien acusó de “ponerse de lado” de los empresarios que han sido recientemente condenadas por extraer ilegalmente áridos de las canteras de Güímar.

A través de una nota, el dirigente popular advirtió a Carlos Alonso que el Grupo Popular se posiciona “como le da la gana porque no va por ahí con segundas ni escondiéndose de nadie, sino de frente y con la verdad por delante”.

El Grupo Popular, explicó, ha decidido dejar de apoyar la proposición de ley propuesta por el Cabildo para calificar de suelo rústico de protección ambiental los barrancos de Güímar porque, tras la reciente sentencia que condena a los que extrajeron áridos ilegalmente, “ya se ha solventado tanto la obligatoriedad de la reparación del daño causado en el territorio como la realización de un plan de restauración”.

Según indicó, “de los 4 millones de metros cuadrados que en estos momentos están calificados como de aprovechamiento minero, solo queda una pequeña parte que todavía pudiera tener derechos extractivos, y la propuesta del Grupo Popular pasa por aplicar la calificación de suelo rústico de protección ambiental a ese ámbito concreto”.

El propósito, añadió, es permitir que en el resto “se desarrollen actividades económicas diversas compatibles con el máximo respeto a la legislación medio ambiental para posibilitar así el desarrollo económico de Güímar y la creación de puestos de trabajo”.

Aunque consideró que el presidente del Cabildo “se ha excedido” con sus declaraciones, Manuel Domínguez quiso mantener la mano tendida al consenso y explicó que los objetivos de ambos son compartidos, aunque quieren llegar a ellos por vías diferentes.

“Lo importante aquí no son las declaraciones de unos u otros, sino que acertemos en ponernos de acuerdo en una solución lo más rápida posible para las legitimas aspiraciones de desarrollo económico de Güímar, porque los inversores interesados necesitan seguridad jurídica para apostar por el municipio”, concluyo.