Tenerife

Los taxistas piden que el control se enfoque más en el sector privado

TAXI NORMATIVA TENERIFE
El Cabildo tinerfeño lleva un año negociando la nueva normativa con el sector y con los ayuntamientos. / DA

Los años de la crisis económica han agravado la situación del sector del taxi y el intrusismo laboral en este ámbito, en zonas como los puertos y aeropuertos. Desde hace tiempo, los afectados llevan reclamando medidas para luchar contra las prácticas ilegales, tales como el aumento de los controles y las sanciones. Ahora, como adelantó este medio en su edición de ayer, una de las novedades es la incorporación de la vigilancia por parte de la Policía Canaria en los puertos y aeropuertos regionales, con el fin de colaborar con otros entes, como son los inspectores del Cabildo, la Guardia Civil y las policías locales de los municipios afectados para evitar el intrusismo.

La medida ha sido valorada por el sector del taxi tinerfeño, aunque piden que estos controles se lleven a cabo no tanto con los taxis que están trabajando de forma legal, sino con aquellos particulares que de forma irregular acuden a recoger pasajeros sin estar permitido.

Al respecto, Carmelo Peña, presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi (UTAT) de Santa Cruz de Tenerife, explicó que ahora los vehículos que cumplen la normativa están sufriendo una presión enorme, con abundantes controles, por lo que abogó por incrementar la vigilancia en aquellos vehículos no reglados.

Peña abogó, también, por mejorar el funcionamiento de los transfer, es decir, aquellos coches que no corresponden al municipio donde se encuentra el puerto o aeropuerto pero que mediante una contratación previa pueden cargar pasajeros en estas infraestructuras. Insistió en que es necesario por parte del Gobierno de Canarias la modificación de la norma para facilitar esta situaciones. Asimismo, el representante del sector en la capital tinerfeña explicó que el problema del intrusismo se halla más en empresas privadas que en los propios taxistas, ya que la mayoría de los casos se suele respetar el hecho de no trabajar en zonas que no son de su competencia municipal.

“Hay muchos particulares que sobre todo en los aeropuertos y más en el Reina Sofía, por contrataciones a través de internet u otras plataformas reservan servicios de transporte, cuando no está permitido”, aclaró. Por ello, recalcó la importancia de que los cuerpos de seguridad insistan en el control y en imponer sancionen en estos casos. Así, recordó que las multas en estas situaciones pueden oscilar entre los 1.500 y los 4.000 euros aproximadamente.

El representante de la asociación de taxistas de Granadilla (municipio que opera en el aeropuerto Reina Sofía), Fredy Oramas, mostró su apoyo al hecho de que la Policía Canaria lleve a cabo, también, gestiones de vigilancia para luchar contra el intrusismo. “Todas las medidas que vengan en esta línea serán bienvenidas”, aseveró.

Del mismo modo, se mostró partidario de incrementar las multas a los vehículos privados que ejercen el transporte sin estar reglados. “No solo hay que aumentarlas, sino confirmar que esas sanciones llegan, ya que estos particulares se lo pensarán si reciben dos o tres multas”, explicó. Compartió la idea de que el principal problema se encuentra en las empresas irregulares, y no en los taxistas que proceden de otros municipios. No obstante, señaló que entiende que en el propio sector se lleven a cabo también estos controles.