güímar

“Cada consistorio debe gestionar el Polígono como un barrio más”

Raquel Malo Serisa
Raquel Malo Serisa, presidenta de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de Güímar. | DA
raquel malo

“Los ayuntamientos deberían mantener el Polígono como si se tratara de un barrio más de su municipio”, afirmó Raquel Malo, presidenta de PoliGüímar, la asociación de empresarios y propietarios del Polígono Valle de Güímar, que sigue pendiente de la creación de una entidad urbanística de conservación o un consorcio que se encargue del mantenimiento, tarea que le corresponde, según Malo, “a los ayuntamientos desde el día que recepcionaron el Polígono, hace casi tres años, al pasar del uso privado al público”.

Recuerda Raquel Malo que los ayuntamientos firmaron la recepción, “después de 40 años en los que no se gastaron un duro”, y tras una gran rehabilitación que costó nueve millones de euros se les entregó “un polígono modélico” además de una nave industrial, un millón de euros y la propiedad del pozo Chigengue a los tres ayuntamientos.

Las palabras de la presidenta de PoliGüímar se alinean con las tesis que defiende Carmen Luisa Castro, que, tras pintar en el verano pasado una raya azul mostrando el linde con Arafo, ha mantenido la postura de que los empresarios no paguen más impuestos de los que pagan ahora, haciendo el Ayuntamiento la labores de mantenimiento que en teoría deberían realizar los tres bajo el paraguas de una entidad urbanística de conservación (EUC) a la que nadie le pone el cascabel, tras un embrollo jurídico que la tiene paralizada, sin que la opción del consorcio barajada desde el Cabildo tampoco termine de cuajar.

Desde Arafo, su alcalde, José Juan Lemes, insiste en la obligatoriedad de crear ese ente de conservación como recoge el plan parcial del Polígono, mientras que Raquel Malo insiste en que este está derogado por el Plan General de Ordenación de los ayuntamientos de Güímar y Candelaria, por ejemplo. En este sentido, la alcaldesa güimarera ya ha avanzado que esta dispuesta a mantener el 22% del suelo que le corresponde en solitario, “como un barrio más del municipio”, ha dicho. Una postura que defiende Malo: “La alcaldesa tiene pleno derecho a cuidar su territorio”.

Es más, Raquel Malo insiste en que los secretarios de Candelaria y Güímar refrendan que la entidad de conservación no es obligatoria, y así sucede en otros lugares de España con polígonos supramunicipales, “solo voluntaria”, señala.

Esa obligatoriedad es la que separa a los empresarios del acuerdo, aunque “estamos dispuestos a sufragar parte del mantenimiento durante los primeros cuatro años, porque somos nosotros los que queremos que se haga algo ya”, explica la dirigente empresarial, que no descarta “acudir a los tribunales de Justicia” si, como se ha plasmado en los estatutos aprobados por Candelaria y Arafo y los posteriores firmados en el Cabildo el pasado 8 de octubre, “se nos impone la entidad de conservación”, insiste Malo.

Estado de abandono

Por lo pronto, a la espera de que los juristas de los tres ayuntamientos y el Cabildo “se aclaren jurídicamente”, los empresarios han hecho, en algunos casos, una derrama de 20 euros mensuales para adecentar los frentes de su negocio, tratando de retirar palmeras secas o la basura que se acumula en las aceras, aunque no pueden actuar en las zonas comunes, como las rotondas y jardines, ni mucho menos en el riego, algo que salta a la vista por el abandono evidente que sufre la zona, con arquetas, por ejemplo, en muy mal estado.

A la espera de que alguien ponga cordura en un problema que cada día que pasa lejos de solucionarse se enquista más, los dos centenares largos de empresa que desarrollan su actividad en el Polígono siguen contratando el agua a Tagua, tras prorrogarse el contrato.