Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Asturias, Valencia y Cataluña han consensuado una declaración para la acogida de refugiados y han exigido al Gobierno que convoque con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Inmigración para poder abordar este reto de forma coordinada.

Según ha informado la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, es imprescindible la implicación de todos los Estados en la acogida de refugiados dada la situación de emergencia humanitaria que se está dando en Europa oriental.

“Ha llegado el momento de dar un paso adelante y decir muy claro que la solidaridad con los refugiados no puede esperar más. La Europa de los derechos humanos, símbolo de prosperidad y garante de la libertad durante tantos años, se está desmenuzando ante nosotros y es imperativo comenzar a actuar”, ha declarado la consellera.

Bassa ha recordado que “el refugio es un derecho para las personas amenazadas en su país y un deber de todos los países democráticos. El refugio es ley para todos aquellos estados que han firmado la Convención de Ginebra”.

También ha apelado a la memoria histórica afirmando que “así como los mejores de los nuestros fueron salvados por el refugio después de la Guerra Civil, nosotros tenemos hoy el deber de acogida, conjuntamente con todos los países democráticos, tenemos el deber de proteger a los que pueden ser asesinados en su país”.

Las comunidades firmantes harán llegar al Gobierno una declaración conjunta que incluye seis puntos, entre ellos el pedir el desbloqueo de los procedimientos que permita la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa.

Exigen también al Gobierno que ponga en marcha los medios económicos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para asumir la parte de responsabilidad que le corresponda para abordar esta situación.

Reiteran su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de las personas refugiadas que puedan llegar, “tanto para la reubicación de las personas que están llegando a Europa, como para reasentamiento directo desde los campos de refugiados”.

En su declaración conjunta, las CCAA proponen debatir en la conferencia sectorial “un nuevo modelo de política de asilo y refugio que tenga capacidad suficiente para abordar los nuevos retos a los que nos enfrentamos, y que incorpore a las CCAA en su definición y desarrollo”.

Bassa ha recordado que aunque la concesión del estatus de refugiado es una competencia exclusiva del Estado, la acogida y la integración de las personas inmigradas corresponde a la Generalitat.