El controvertido Decreto de Prescripción Enfermera, aprobado el pasado mes de noviembre, puede provocar un “caos” en el sistema público isleño, algo que ya denunciaron en su día tanto el sindicato mayoritario Satse como los colegios profesionales. El último capítulo de este serial se ha producido en los últimos días, después de que el director del Servicio Canario de la Salud (SCS) enviase una nota informativa a todas las gerencias de Atención Primaria y los hospitales de referencia, en la que instaba a los profesionales a “incumplir” el referido decreto, recurrido ante el Tribunal Supremo por el Gobierno autonómico. En concreto, en la circular emitida por el SCS se deja claro que “continuarán en vigor los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial que actualmente se encuentran vigentes”. Para hacer esta recomendación al personal, la Consejería se basa en que dicho decreto prevé que el régimen transitorio de obtención de las competencias profesionales enfermeras sobre indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano establece un plazo de cinco años para la adquisición de dichas competencias, por lo que “el plazo se extiende hasta el 24 de diciembre de 2020”.

“Los profesionales de la enfermería tendrán como guía de actuación el servicio a la sociedad, el interés y la salud de la ciudadanía a quien se preste el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas o, en su caso, de los usos generales de su profesión”, recuerdan desde el SCS, que desde el principio se ha posicionado en contra de este decreto y con los profesionales. Sin embargo, la Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Sindicato de Enfermería y el Colegio de Enfermería, ha entregado al director del Servicio Canario de la Salud un informe jurídico que deja claro que “no se puede contravenir la normativa aplicable”.

Para la Mesa, “es fundamental que la enfermería siga prestando un buen servicio, con calidad y seguridad para los pacientes, pero también con seguridad para los profesionales; por eso, sus actuaciones deberán ajustarse en todo momento al nuevo marco legal establecido por el Real Decreto de 24 de diciembre”. En este sentido, la Mesa de la Profesión Enfermera ha pedido a la Consejería que la presentación de este informe sirva para preservar la más correcta atención sanitaria a los pacientes “con plena seguridad jurídica” para los enfermeros que los atienden, y que “clarifique” la actuación de los profesionales tras la entrada en vigor del polémico Decreto.

[sws_grey_box box_size=”100″]Poner una vacuna puede ser delito
Recetar paracetamol o pañales, poner una vacuna o llevar a cabo algunas actuaciones durante un parto podrían convertirse ahora en un “delito” en el caso de que un enfermero decidiera realizar tales acciones -como ocurría hasta ahora- sin consultar antes a un médico. Este es, a grandes rasgos, el grave problema que conlleva la aprobación del Real Decreto que regula el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de los enfermeros, lo que se conoce como prescripción enfermera. Hasta tal punto es grave la situación que el sistema “podría llegar a hundirse”, según denuncian los colegios profesionales y el sindicato mayoritario del sector, Satse.[/sws_grey_box]