Los ciudadanos extranjeros utilizaban los contratos para regularizar su situación o españoles para percibir prestaciones y subsidios por desempleo, facilitados por una empresa dedicada al control de accesos en comunidades e infraestructuras hoteleras
Las empresas eran utilizadas para dar de alta hasta un total de 948 supuestos trabajadores con la finalidad de obtener prestaciones y/o subvenciones de forma fraudulenta, así como para conseguir o renovar permisos de residencia, reagrupaciones familiares o beneficios en asistencia sanitaria
En la operación han sido detenidas 15 personas que actuaban en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria
«No cambia lo que ya existía, en todo caso facilita el contacto vía telemática con la Administración. Los trabajadores objeto de fraude y los ciudadanos podrán informar de conductas irregulares con garantía absoluta de confidencialidad para que sean objeto de análisis por parte de la Inspección»
De los detenidos, 168 son supuestos trabajadores dados de alta con la finalidad de obtener prestaciones públicas o acceder a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros
La trama, a partir de la constitución de empresas ficticias a nombre de terceros, los responsables facilitaban por 500 euros la documentación necesaria para que extranjeros solicitaran o renovaran permisos de trabajo y residencia, así como acumular los mínimos plazos de carencia para obtener subsidios de desempleo
Ante esta realidad de que las leyes son «insuficientes» para «afrontar el desafío de la delincuencia fiscal», los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que «trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal» a los defraudadores
Un empresario usó supuestamente cinco empresas ficticias, sin actividad laboral, para dar de alta a más de 700 ciudadanos en menos de cuatro años y sin abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, con la finalidad de que se beneficiarán fraudulentamente de ayudas estatales por desempleo
La idea es «acabar en España con esa visión tolerante frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo», o el que «va de listo por la vida, trabajando y cobrando subvenciones», según Sáenz de Santamaría
La macrooperación contra el cobro fraudulento del paro y del subsidio por desempleo se salda con 150 personas detenidas y otras 277 imputadas por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 a 500 euros
La Policía Nacional ha detenido a 27 personas, la mayoría de ellas en la provincia de Alicante, por un presunto fraude de más de 685.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo a través de una empresa murciana