La ministra de Fomento defendió que «Por encima de cómo se resuelva este conflicto está la gran ingeniería española, tanto empresas privadas como públicas. Aunque dicen que el crédito se pierde rápido, el trabajo de tanta gente y de tantos años no está en riesgo nunca»
El consorcio «no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas y a pesar de que ha remitido diferentes propuestas específicas que la Autoridad del Canal de Panamá ha rehusado discutir»
