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Insulza y la CIDH certifican las dudas sobre la legalidad de la destitución de Lugo

Insulza remarca que el «juicio sumario, aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa». El artículo 225 de la Constitución confiere facultades al Congreso para iniciar un «juicio político» por el «mal desempeño de las funciones» de un presidente