El Estatuto, con consenso

Como cabía esperar, la posible reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias es de los asuntos que han saltado en las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas, porque es de esos temas que, como han sido mal cerrados, periódicamente levanta la tapa y muestra de nuevo sus interiores.

Paulino Rivero ha dicho en estos días que en estos pactos que se están negociando hay una oportunidad para intentar aprobar el nuevo texto estatutario antes de que acabe la actual Legislatura.

Este es un expediente que aparece y desaparece a lo largo del tiempo y en el que todos afirman estar interesados, pero el grado de interés no es el mismo, ni tampoco el objeto de interés es igual para todos, ni las prisas al respecto. Para Coalición Canaria está el afán de más competencias, mayor control del territorio y de las aguas, gestión de aeropuertos y costas, etcétera. Para el PSOE, entre otras cosas, es prioritaria la reforma electoral, mientras que para el PP es algo parecido, pero sin aumentar cotas de soberanía autonómica a costa del Gobierno central, en el que cree con más fervor que en el autogobierno de los canarios.

La reforma de esta ley del Estado necesita del consenso de las tres grandes fuerzas canarias

La cuestión es que la reforma del Estatuto de Autonomía no puede ni debe ser cosa de dos, sean quienes sean éstos, sino que necesita el consenso de al menos las tres grandes fuerzas políticas, no sólo porque son las que tienen la mayor representatividad electoral en el Archipiélago, sino porque son las que están presentes en el Congreso de los Diputados, que debe ratificar los acuerdos a los que se llegue.

Es un asunto que necesita el consenso del máximo posible de actores, no sólo por estos aspectos de funcionamiento “administrativo”, sino porque el documento que surja de allí es el que servirá de marco de actuación para la política canaria en los próximos años, seguramente lustros, y no puede estar sometido a un bombardeo de disidencias y de amenazas de modificación de una manera constante, aunque sólo sea por la necesaria sensación de seguridad jurídico-política que debe imperar.

Tal vez los mejores momentos para negociar cosas así no sean ni los pre, ni los poselectorales, porque están trufados de otros temas que se cruzan y de los recelos y las reticencias que vienen de un lado y de otro. Por eso parece difícil que, como dice Rivero, el nuevo texto se pueda aprobar en esta legislatura nacional, que ni siquiera se sabe si llegará a 2012 o si las Cortes se disuelven antes.

Pero quién sabe, en políticas cosas más extrañas se han visto en la política española.

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Es curioso, pero los que claman por que en Canarias -y en España en general- hay un exceso, dicen, de funcionarios, son los mismos que se rasgan las vestiduras porque afirman que el sector público ha dejado de contratar a más de seis mil personas en los últimos dos años.

O reducimos el personal en la Administración bajando las contrataciones, o lo subimos abriendo más ofertas de empleo. Reclamar las dos cosas a la vez es un poco esquizofrénico.