Innecesario y conflictivo

Cuando con sentido de responsabilidad e ilusión los españoles apostamos por una democracia constitucional que nos homologara con nuestro entorno y nos garantizara una salida del período dictatorial o autoritario -ahora está servida la polémica con la publicación por la Academia de la Historia de un diccionario biográfico-, las Cortes elegidas después de las elecciones libres de 1977 se erigieron en constituyentes para elaborar la Constitución de 1978, que todavía nos rige. Y los constitucionalistas, con afán perfeccionista y espigando de aquí y de allá se inspiraron en la Constitución italiana de 1947 para institucionalizar el Tribunal Constitucional, que, en el artículo 159 de la española, quedó definido con 12 miembros nombrados por el Rey, de los que cuatro serían a propuesta del Congreso y elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro, con idéntica mayoría, a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno y otros dos a instancias del Consejo General del Poder Judicial.

Los miembros de este Tribunal serían designados por un período de nueve años y se renovarían, por tercios, cada tres, siendo condición indispensable para su nombramiento ser magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, “todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”. Y además, tendrían que aceptar ciertas incompatibilidades y ser independientes. Todo bien intencionado pero… ni este artículo, ni los siguientes, que hablan del presidente del Tribunal y de su jurisdicción y competencias, estuvieron exentos de críticas desde que se dieron a conocer, ni tampoco puede decirse que hoy, treinta años después, no esté cuestionado su papel, hasta el punto de que ahora mismo, ante la renuncia de tres de sus miembros se diga que es un Tribunal innecesario y conflictivo.

Las primeras críticas, de 1978, las hacían quienes defendían una configuración más independiente y judicialista, entendiendo que el nombramiento de ocho miembros por el Congreso y el Senado atentaba a la independencia e imparcialidad de lo que debe ser un Tribunal de Derecho, pues su nombramiento iba a depender de los partidos que tuvieran el poder, cosa aun más presumible en el caso de los dos miembros designados por el Gobierno. En resumen, se trataría de “un tribunal político, formado por políticos, salvo los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, reincidiendo así en el grave error cometido en la Constitución de 1931”, con su consiguiente fracaso. Y hoy, en 2011, podemos decir que no le faltó clarividencia al abogado José María Sanchís Santaella, que formuló estas críticas en una conferencia ante el Colegio de Abogados de Barcelona pronunciada el 10 de junio de 1978. También se criticó en su día que se compusiera con un número par -doce- de miembros, lo que obligaría al presidente a dirimir con su voto de calidad situaciones complicadas, una anomalía, dado que todos los tribunales, por definición, se componen con un número impar de miembros y que conduciría, como evidencian los hechos, a politizar la elección del presidente. Y esto, sin ser jurista y mucho menos constitucionalista, lo puede apreciar cualquier ciudadano con sentido común y se ha puesto de manifiesto con la dimisión de tres miembros del Tribunal, alegando que, al no renovarse los componentes, como es preceptivo, se encuentran secuestrados, aunque no deja de ser chocante que uno de ellos lo considere ahora, cuando arrecian las críticas por la legalización de Bildu que se ha hecho, en el País Vasco, con el poder en instituciones que le permiten manejar un presupuesto de casi dos millones de euros, amén de acceder a una información que pueden utilizar a su antojo y en detrimento de la libertad -y acaso de la propia vida- de los ciudadanos y que, sin embargo, no le supuso impedimento para aspirar a la vicepresidencia del Tribunal estando, como estaba, en tiempo de prórroga.

Como ha manifestado un magistrado excedente, esta crisis del Tribunal Constitucional es parte de la crisis de Estado en que estamos inmersos y que, para una mayoría, exige el adelantamiento de las elecciones generales para que el pueblo hable y ponga fin a la incertidumbre que generan un Gobierno agónico y un presidente exangüe. Pero antes de que se disuelvan las Cortes, gobierno y oposición seguirán endosándose la responsabilidad de la renovación del Tribunal Constitucional, aunque lo deseable es sustituirlo, siendo innecesario y conflictivo, tal como es ahora, por otro, sin sus dependencias y servidumbres.