Mal comienzo

El nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha empezado con mal pie. Ya sé que es cuestión de apreciación, que todo depende del cristal con que se mire, etc. Pero cuando uno advierte la necesidad de cambios en los modos de hacer política -da lo mismo en una corporación local que en un organismo oficial o en el Gobierno-, lo primero que espera es algún gesto que traslade a la opinión pública que se va a actuar de modo diferente. Si después del testimonio de los indignados y de las razones de fondo que les asisten en algunas demandas, los representantes públicos no reaccionan y continúan erre que erre, sordos y mudos ante las reclamaciones populares, es que no entienden nada.

Una rebaja en el sueldo del alcalde santacrucero -y de paso de los concejales-, por poner un ejemplo, habría sido un detalle magnífico que revelaría no sólo buen sentido en este tránsito económicamente difícil para la corporación municipal; constituiría también una señal dirigida a los ciudadanos de que la imprescindible austeridad empezaba arriba del todo, en el máximo cargo municipal, retribuido desde hace años con largueza, ya que 73.214 euros anuales no los ganan sino ocho o diez alcaldes españoles además del de Arona, José Alberto González Reverón, que percibe más sueldo que los presidentes Rivero y Zapatero. No me parece suficiente la reducción de personal eventual, directivo y de confianza, o la congelación salarial.

Se puede y se debe llegar más lejos en los recortes porque la situación de la corporación municipal invita a realizar reajustes muy severos. Otro gesto simbólico habría sido la reducción del número de concejales con dedicación exclusiva o de tenientes de alcalde, por simple sentido común.

Por otra parte, se advierte -al menos así pareció durante el primer pleno celebrado tras el acuerdo entre CC y PSC-PSOE- un cierto afán reglamentista a la hora de medir el tiempode las intervenciones de los concejales. Y en lo que se refiere a la composición de las comisiones informativas, la reducción de la presencia de la oposición minoritaria no es un buen síntoma, ni se justifica, como se ha dicho en el pleno, por razones de austeridad; si ese es el problema, bastaría con renunciar a la percepción de las dietas de asistencia. En cuanto a la exclusión, si finalmente se confirma, de la oposición de las reuniones de los consejos de administración de, entre otras empresas, la Sociedad de Desarrollo y Viviendas Municipales, sería una decisión que vulnera el elemental derecho de participación y fiscalización de las actividades del equipo de gobierno. Mal comienzo, ya digo, que sería bueno rectificar cuanto antes, mejor.