Pacto por la educación > Román Rodríguez

Es difícil encontrar algún dirigente político que no reconozca el carácter estratégico de la Educación. Por el contrario, la coincidencia es plena en este aspecto y, además, todo el mundo parece estar también de acuerdo en que la formación es uno de los elementos determinantes para superar la crisis económica, incrementar la competitividad y la productividad, mejorar sustancialmente las posibilidades de encontrar empleo y facilitar el acceso a puestos de trabajo de mayor calidad.

Paradójicamente, esa unanimidad en los discursos se resquebraja por completo en la práctica, como estamos viendo de manera nítida en el período reciente. Con mayor o menor intensidad las comunidades autónomas han procedido a importantes recortes en los presupuestos dedicados a Educación, con disminución de plantillas docentes, así como de otros especialistas (trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, etcétera) que contribuyen de manera decidida a la adecuada atención de los problemas que afectan a los aprendizajes del alumnado y que, por tanto, influyen en la calidad del servicio público educativo. Las consecuencias de esa descapitalización del sistema educativo pueden lastrar el crecimiento personal y las expectativas profesionales de una parte significativa del alumnado, especialmente el de menores recursos socioculturales, al tiempo que supondrán un freno para el desarrollo económico. Estas circunstancias afectan al conjunto del Estado español, que sufre todavía un notable retraso en materia educativa en relación con los países que integran la OCDE. Y son particularmente graves en el caso de Canarias que, diagnóstico tras diagnóstico, informe tras informe, ocupa los últimos lugares en los diferentes parámetros educativos de las diecisiete comunidades autónomas.

La disminución en más de 170 millones de euros de los presupuestos educativos canarios en los dos últimos ejercicios, el recorte de 1.200 docentes pese al paralelo incremento de 8.500 estudiantes en el mismo período, así como la eliminación o drástica reducción de otros profesionales claves para la calidad educativa, dibujan un panorama preocupante que puede lastrar aún más a un sistema educativo que presenta números déficit.

Por eso, estoy convencido de que es preciso actuar y hacerlo de manera rigurosa y consensuada. Realizando diagnósticos precisos aprovechando, entre otros, los recursos con que cuentan nuestras dos universidades. Estableciendo prioridades. Implementando actuaciones a corto, a medio y largo plazo. Y evitando dilaciones. Esta es una de las tareas que debe abordar el Parlamento y el Gobierno de Canarias en los próximos meses.

No son aceptables los elevados niveles de fracaso y abandono escolar temprano que se dan en nuestro Archipiélago. Es imprescindible que las instituciones y el conjunto de la sociedad canaria coloquen a la Educación como prioridad; y que se realicen todos los esfuerzos para alcanzar un sistema educativo de calidad, donde hagamos posible la excelencia, la equidad y la eficiencia.

En ese sentido, desde Nueva Canarias queremos contribuir a que en las Islas se alcance un pacto social y político por la Educación, que comprometa a los agentes sociales, a las comunidades educativas y a las organizaciones políticas. Considero, asimismo, que nuestra Comunidad debe fijar los grandes principios educativos en una Ley Canaria de Educación, que apueste por la modernización del sistema y el incremento de su calidad, favoreciendo al tiempo la igualdad; para lo que es imprescindible incorporar una financiación adecuada que posibilite, con racionalidad y eficiencia, abordar los grandes retos pendientes.

En primer lugar, como señalamos en el programa con el que concurrimos a las elecciones del 22 de mayo, debemos comprometernos con un salto de calidad en el servicio público educativo. Que debe visualizarse en un mejor conocimiento de los idiomas y de las nuevas tecnologías, así como vinculando la Formación Profesional al empleo. En este último aspecto constituye un auténtico fracaso que empresarios del sector turístico de las Islas aseguren que hay puestos que no pueden cubrir con personal canario por falta de cualificación: deberíamos ser una potencia, una referencia mundial en formación turística, como los vascos lo son en materia gastronómica.

Entiendo, asimismo, que los centros deben contar con el personal especializado suficiente para abordar con garantías los problemas de aprendizaje de su alumnado, impulsando un modelo de escuela inclusiva y promotora de una auténtica igualdad de oportunidades para los niños y niñas, al margen de su procedencia social o los niveles culturales de sus familias.

El profesorado es parte esencial de cualquier cambio educativo. Por ello, es preciso dignificar la función docente, desde el reconocimiento social a tan relevante tarea y desde la articulación de una adecuada formación inicial y permanente que les permita responder a los retos de la escuela del siglo XXI. Asimismo, es determinante una mayor formación y participación de los padres y las madres, por razones democráticas y por la relevancia del papel de las familias en cualquier proyecto que pretenda mejorar el éxito escolar. Son muchos los aspectos que precisan de una intervención urgente: creación y ampliación de la Red de Centros Públicos de Educación Infantil de 0 a 3 años; desarrollo de planes para prevenir el abandono escolar prematuro, así como el absentismo escolar; o la mejora en la enseñanza de idiomas, así como en la formación de las personas adultas.

Sin olvidar a la Formación Profesional, elemento clave del sistema educativo y que ni en España ni en Canarias ha logrado dar el salto que exige la sociedad y el propio desarrollo económico. Una FP que debe plantearse desde un modelo innovador y dinámico, que posibilite dar respuesta a las necesidades de hoy, pero también abrir vías formativas para los sectores emergentes de la economía.

Sobre todos estos asuntos, la sociedad canaria y sus representantes en las distintas instituciones deben establecer un acuerdo que permita transformar la actual situación, logrando que se eleven sustancialmente los niveles de formación de nuestra gente. Algo fundamental si pretendemos lograr una sociedad más armónicamente desarrollada y con mayor cohesión social. Por eso me congratulo de que el pleno del Parlamento de Canarias, de manera unánime, haya acordado crear una comisión de estudio sobre la situación de la Educación en Canarias, que servirá para establecer las bases de ese imprescindible Pacto por la Educación.

* Diputado en el Parlamento canario y presidente de NC.