Recorta que algo queda > Leopoldo Fernández

Nada más anunciarse que los Presupuestos de 2012 incorporarán inexcusables ajustes en varias partidas, sanidad entre ellas, a fin de evitar el agravamiento de los problemas financieros de la comunidad autónoma, se ha armado la de San Quintín. Los dirigentes sindicales han saltado a la yugular del Gobierno y sin más han convocado concentraciones, manifestaciones y una huelga general en Las Palmas y Santa Cruz para el 17 de noviembre, tres días antes de las elecciones generales. Me parece muy justificada la defensa de una sanidad pública de calidad, universal y gratuita y que se reclame mayor financiación para este puntal básico del Estado del Bienestar junto con la educación, los servicios sociales y las pensiones. Es más, habría que afrontar de una vez una reforma profunda del Sistema Nacional de Salud, empezando por sus enormes problemas estructurales y acabando con la liquidación de una deuda de más de 15.000 millones de euros que no cesa de crecer. Antes de que quiebre el sistema, algo habrá que hacer, y pronto, porque llegará un momento en que el Estado, en tanto suma de comunidades autónomas, no tendrá capacidad financiera para atender las crecientes necesidades sanitarias de la población.
La cuestión es de tal gravedad que se impone la búsqueda de la sostenibilidad del sistema público de salud mediante políticas, si no de recortes, al menos de ajuste, ahorro y austeridad en el gasto, así como de reformas en busca de la mayor eficiencia posible. Sea cual fuere el Gobierno que salga de las elecciones del 20-N, estará obligado, según las directrices que en mayo de 2010 impuso a España la Unión Europea, a rebajar el déficit público, del que la sanidad es un factor de primer orden, ya que en España supera el 6% del PIB. A juicio del FMI, este dato debería aconsejar no ya la estabilización del gasto, sino ¡la reducción de la cobertura sanitaria!, es decir, rebajar sin más el Estado de Bienestar. Y hacerlo también en otros campos, como la educación. Algo que, sin duda, nadie desea pero que la crisis amenaza con hacer posible a menos que se aumente la contribución colectiva vía impuestos.
En este clima, que ha influido para que otras comunidades españolas fijen a su vez muy severos recortes presupuestarios, es en el que los sindicatos canarios vinculados al mundo de la sanidad han levantado la voz para decir ‘no’ a la decisión del Gobierno de suspender durante 2012 los acuerdos y pactos sindicales firmados con el sector público, lo que equivale a pasar de las 35 horas de trabajo semanales de hoy a las 37,5 existentes en 2007. Con anterioridad ya se han cerrado plantas y camas hospitalarias en verano, recortado gastos farmacéuticos y horas extraordinarias de tarde en los quirófanos y departamentos de pruebas diagnósticas, y se van a evitar nuevas contrataciones; a cambio, el presupuesto de sanidad crecerá un 2,5% para mejorar la prestación de los servicios esenciales, un logro casi imposible. Desde que se detectó la crisis en 2007, la sanidad pública canaria se ha visto obligada a ajustar sus presupuestos en unos mil millones de euros, con las consiguientes repercusiones en personal, inversiones, obras de infraestructura, gasto corriente y listas de espera. Quizás por estos recortes, y con una deuda histórica estatal pendiente cifrada en 1.200 millones de euros, tenemos el dudoso honor de contar con la relación cama-sanitarios más baja de España y con un gasto sanitario por habitante y año que alcanza los 1.135,7 euros, 160 euros menos por habitante que la media nacional, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Al Gobierno de Canarias le ha faltado coraje y valentía para explicar la situación real de la sanidad pública y el porqué de estas medidas, sobre todo las últimas, cuyos efectos ante la opinión pública ha tratado de contrarrestar con el anuncio del próximo paso a la condición de interinos de unos 1.400 trabajadores sanitarios eventuales y la convocatoria, en 2012, de oposiciones para cubrir 6.000 plazas de la oferta pública de empleo para personal sanitario y no sanitario bloqueadas desde hace cuatro años. También se ha equivocado el Ejecutivo al no reunirse con los representantes sindicales y médicos para anticiparles sus propósitos -que en último caso puede imponer porque está legalmente capacitado para ello- y tratar de consensuar los efectos del recorte.
El Ejecutivo pretende que los ajustes no incidan en la calidad de las prestaciones, un noble propósito difícil de alcanzar -aunque la reducción del gasto no lleva necesariamente al mal funcionamiento del servicio, sino a su mayor racionalización-, pero que puede lograrse si se consigue un pacto al máximo nivel político y con el mayor consenso. Estoy seguro de que los ciudadanos aceptarían de buen grado los recortes y ajustes, en sanidad como en educación o en otros campos, a condición de que se les explique con pelos y señales la verdad de las cosas y la necesidad del sacrificio en beneficio de todos. Y entenderían mejor aún estas políticas que las circunstancias imponen si el propio Gobierno ofreciera un ejemplo palpable -nada de boberías inoportunas, como la cita de los 2.000 sanitarios que ganan más que el presidente Rivero- de que no existen partidas presupuestarias intocables que afecten a algunas de las utilidades de que disfrutan los altos cargos. Me refiero a pagas extras, dietas, viajes, coches oficiales, teléfonos móviles, tarjetas de crédito, etc. que siguen inamovibles -cuando en otras comunidades autónomas han sufrido un tajo radical-, lo mismo que se mantiene inalterada la estructura administrativa del Ejecutivo -con cargos absurdos, unos de confianza y otros duplicados o inútiles- y permanecen vivitas y coleando unas cuantas empresas sin sentido que se dijo iban a ser suprimidas porque sólo sirven para dar cobijo a enchufados, asesores y compañeros de partido… En definitiva, sí a los recortes justificados por imperativo de la crisis y el déficit público que nos asfixia -empezando, cuanto antes, desde arriba y con espíritu ejemplarizador-, pero no a que, bajo ningún concepto, afecten a la salud de los ciudadanos, lo que se puede lograr merced al esfuerzo de todos, con los profesionales sanitarios y los sindicatos a la cabeza. Y en vez de echarse éstos alegremente a la calle so pretexto de defensa de la sanidad pública y la demagógica cantinela sobre el desmantelamiento del sistema y las privatizaciones, los líderes de los trabajadores deberían constituirse en un referente modélico por el bien de todos los canarios, empezando por los enfermos. Trabajar media hora diaria más no debe ser ningún desdoro, sino en todo caso un rasgo de abnegación y altruismo que, además de legal, dignifica a quien arrima el hombro.