Teresitas > Leopoldo Fernández

Se veía venir. Y con toda probabilidad habrá nuevas demandas por vía civil en reclamación de derechos presuntamente violentados, como el lucro cesante o ganancia legítima que se ha dejado de obtener por razones imputables a terceros.

Así acaban de hacerlo los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, quienes, asociados en Inversiones Las Teresitas (ILT), compraron a la Junta de Compensación, por 30 millones de euros, los terrenos de la playa del mismo nombre.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Santa Cruz adquirió a ILT, por 52 millones de euros, el frente de la playa para evitar que en ellos se consolidaran derechos edificatorios (para la construcción de hoteles o instalaciones de ocio y turismo), tal y como había autorizado una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 que dio por válida la revisión del Plan Parcial de ese lugar efectuada 10 años antes.

A cambio de no construir en dicho frente, los empresarios recibieron compensaciones urbanísticas y derechos de edificabilidad en el Valle de las Huertas y Montaña Morera, trasera de Las Teresitas, que fueron traspasados a Mapfre; derechos que sin embargo les fueron arrebatados por el propio ayuntamiento al revisar éste el Plan General de Ordenación.

Luego el asunto se ha complicado y dado lugar a un monumental enredo jurídico de consecuencias impredecibles, en el que intervienen diferentes instancias administrativas y judiciales, con una realidad que puede condicionar todo el problema, y que es la anulación, por considerarla ilegal el Tribunal Supremo, de la propia compra-venta de dichas parcelas.

Las imputaciones para una veintena de personas por cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos ha sido, tras múltiples indicios de irregularidades, la consecuencia directa de una investigación, aún no cerrada, que sobrepasa los 40.000 folios, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Ésta inició sus trabajos en 2005 tras la denuncia del colectivo social Ínsula Viable del que uno de sus representantes más combativos era el hoy concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Ángel Martín, que -cosas de la vida- ahora tiene que lidiar con un problema morrocotudo.

Aunque pueda parecer un imposible y con independencia de lo que en su día dictamine la Justicia -a cuya tarea nadie debe sustraerse-, este asunto debería recibir una pronta, justa e imaginativa respuesta política para no eternizar su resolución administrativa. Con buena voluntad, sería posible salvar los intereses de las partes en conflicto, empezando por los de la corporación municipal, que son los de todos los ciudadanos. Sólo así la playa de Las Teresitas podrá salir del pozo de la incomprensión y el abandono.