La corrupción – Por Hugo Luengo

Tema de actualidad. En un país estrechado como España a la orden del día. Para situar el problema nos apoyaremos de partida en dos referencias. La primera la que nos enseña Noam Chomsky, judío americano nacido en 1928 aún vivo, lingüista, filósofo, activista político y ateo. Traducido a términos europeos, sería un socialdemócrata de izquierdas, hoy un indignado. Sostiene Chomsky que debe entenderse la corrupción “como un mecanismo de reparto del poder”. O sea, cualquier sociedad equilibra el poder a través de la corrupción. Los regímenes totalitarios, con alta concentración de poder, sólo son sostenibles con el grado correspondiente de corrupción que los equilibra. Sería un mecanismo análogo al de los elevados niveles de impuestos donde, por encima de tasas del 40%, precisa equilibrarse con la economía sumergida.
La segunda referencia la tenemos con el Índice de Percepción de Corrupción, que publica anualmente la Organización Mundial, con sede en Berlín, denominada Transparencia Internacional. Aquí ellos hablan de la corrupción “como el abuso del poder para conseguir beneficio y/o ventaja personal o de grupo”. Este índice sitúa en la cúspide de los 180 países del mundo que analiza, a Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur y Finlandia y al final de la tabla, Somalia, Afganistán, Irak y Corea del Norte. Para saber dónde estamos, Alemania estaría en el puesto 15, Japón en el 17, EE.UU. en el 22, España en el 30,y por añadir referentes a nivel global, Grecia estaría hoy en el puesto 94, con China en el 78, India en el 87 y ya a lo lejos, Rusia en el 154 y Venezuela en el 164.

Contrastando el Índice de Percepción de la Corrupción con la tesis de Chomsky parece evidente que cuanto más concentrado está el poder, más corrupción tiene que existir. Y en sentido contrario, cuanto menos corrupción existe, es que el país reparte mejor el poder y por lo tanto es más democrático. En los extremos de la serie, Dinamarca y Somalia. Llama la atención las derivas de Venezuela y Rusia, expresión de sus actuales regímenes autocráticos, así como la posición de países clave en la globalización, como China y la India, con sistemas internos de poder muy concentrados y por lo tanto con elevados niveles de corrupción a la fecha. Ello supone en la gestión de la globalización, al tener que operar en mercados donde las reglas de la competencia, la calidad, la seguridad jurídica etc., no se cumplen, que se produzcan fenómenos singulares de reparto de poder, o sea corrupción.

Pues según esto en términos globales en España no estamos tan mal, si nos atenemos al Índice Mundial de Corrupción. Si, en cambio, la percepción del fenómeno por parte de la sociedad española es diferente, también seguramente el momento de crisis económica coloca la misma en la pirámide de las preocupaciones sociales. Choca este nivel de exigencia social con la realidad de nuestros partidos políticos, tercer problema nacional luego del paro y la situación económica y, en este caso, la institución que en España viene generando en su entorno mayor nivel de corrupción.

En la tesis de este artículo, al convertirse los partidos en una organización de concentración de poder, donde a su interno no funcionan reglas democráticas sólidas, se convierten en instrumentos estructuralmente corruptos De manera que hoy, en España, han pasado a ser obstáculos para la democratización real del sistema, máxime cuando al igual que sindicatos y empresarios, al tener enchufada su financiación al Estado, éste no los controla, ya que son ellos mismos. De ahí que a ninguno de ellos les guste financiarse con sus afiliados y/o voluntarios.

Es por ello que la acción de los partidos produce un efecto perverso en el sistema, al romper las reglas de la competencia y con ello la transparencia del mercado en el que operan. En la España de las autonomías este fenómeno se acentúa, con roturas en cascada del mercado. No debe por ello asombrarnos que, en esta deriva, se utilice este proceso como mecanismo de financiación de los partidos. Se paga el 3-4% del valor de la obra o servicio, que se añade al coste y que se paga finalmente con nuestros impuestos . Este sobrecoste se reparte entre el “gestor del servicio” y el propio partido, con reglas bastante comunes a todos los partidos, a la vista de lo que diariamente nos cuentan los medios. Al interno del propio partido algo se sabe y se mira para otro lado. El que se mueve no sale en la foto, resume el “democrático” sistema funcional de nuestros partidos hispanos. El partido, sin embargo, te coloca, te da empleo como asesor nuevamente con cargo a nuestros impuestos, dentro de la Administración o sus empresas, paga tu silencio y obediencia.

No se resuelven sin embargo los problemas negándolos, sino asumiéndolos. No se resuelve la corrupción sin modificar el actual sistema de partidos, su sistema de financiación y el propio sistema electoral español, en la línea de lo ya planteado en esta sección de Nuevas coordenadas.
Es preciso devolver el poder al ciudadano para reducir los niveles de corrupción, para hacer una sociedad realmente democrática, libre y responsable, incluso de sus males. La crisis ha venido a poner en evidencia una situación insostenible, que hoy atenta no sólo contra la ley, sino contra la posibilidad de recuperar la unidad del mercado, la igualdad ante la ley y los valores que hacen que una sociedad funcione cohesionada.