Corrupción – Por Leopoldo Fernández

Siempre resulta penoso ver a todo un expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, me refiero a Lorenzo Olarte, envuelto en un asunto de cierta turbidez. Y no tanto por lo que personalmente le afecte, que en este caso para nada le atañe, cuanto por haber sido dejado en la calle una vez que denunció la existencia de presuntas corrupciones en la Institución Ferial de Canarias, Infecar, organismo dependiente del Cabildo grancanario. El titular de esta corporación, José Miguel Bravo de Laguna (PP), ha dado traslado a la Fiscalía de Las Palmas de las acusaciones vertidas por el propio Olarte durante un pleno del Cabildo en el que atribuyó al vicepresidente primero de esta corporación, Juan Domínguez, la comisión de los delitos de prevaricación (cometer a sabiendas un acto ilegal), malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su gestión como mandamás de dicho organismo. El expresidente, un lince en Derecho Penal y de colmillo más que retorcido, se ha lanzado en picado contra su excompañero de partido, un neófito de la política, virtual tránsfuga del CCN, con cuyo voto apuntala la presidencia de Bravo de Laguna.

Ignoro lo que descubrirá la Justicia en sus investigaciones, pero el caso huele fatal y salpica inevitablemente al presidente del Cabildo, que tiene que tragar lo que le echen si quiere mantenerse en el puesto, e incluso a Soria, que propició y bendijo el pacto PP-CCN y con él dio pie a que dos mujeres de esta última formación, una ellas la esposa de Domínguez, accedieran al Senado en las listas populares. Lo curioso del caso es que Olarte, que apenas llevaba tres meses en el puesto de presidente ejecutivo de Infecar como fruto del pacto mentado -cargo al que accedió para ayudarle en las dificultades económicas que atraviesa el ex presidente canario, según ha reconocido él mismo-, descubrió el pastel de aparente corrupción y, en un gesto que le honra, decidió tirar de la manta y acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Un par de días después fue destituido fulminantemente, lo que huele a venganza y ajuste de cuentas. El CCN, sometido desde hace meses a un proceso de investigación por financiación ilegal, dio por roto, aunque no tiene efectos prácticos, el pacto en el Cabildo y anticipó varias denuncias contra Domínguez. Todo este embrollo constituye un revival de porquería, despropósitos, intereses espúreos, venganzas y corruptelas en torno a la política con minúscula. Como para que luego se pida a los ciudadanos fe y confianza en la gestión de algunos políticos. Por vergüenza, más les valdría marcharse a sus casas y no esperar siquiera a que la Justicia diga la última palabra.