Justicia – Por Domingo-Luis Hernández

Los datos son apabullantes. Que un partido político utilice fondos europeos para la formación de trabajadores en provecho propio, es ilícito e inmoral. Una carga de profundidad contra lo que los políticos han de defender; una herida a los ciudadanos hacia quienes iban dirigidos esos medios. Un comentarista lo señaló: Duran Lleida es cristiano, pero se distrae al no reconocer que robar es pecado. Sea como fuere, lo que pone a España patas arriba es otra cosa: las maniobras del poder que apuran el aparato legislativo y sus contradicciones para que fulanito de tal no se siente en el banquillo frente a un juez, para que no afronte la pena correspondiente. ¿Por qué se procede de este modo, porque unos más y otros menos los partidos políticos en España están manchados?

Es un alarido que chilla en las conciencias, que pone en la picota los valores sociales, la convivencia en plenitud de derecho al amparo de la ley. Que se pruebe que un partido político exigiera el 4% a las empresas que ejecutaban las obras públicas contratadas y que ese 4% se fraccionara en dos (una parte para la financiación tal y otra para particulares, porque se lo trabajaban) es un insulto; que nadie cumpla condena por ello es aberrante.

El asunto es contraponer a semejantes desmanes las garantías que todo país responsable ha de manifestar. Pero no es así. Y por eso nos preguntamos cuáles son los niveles a que se reduce la dicha actuación judicial en España, a quiénes afecta y a quiénes no.

Luego, si es cierto que cada vez más aquí la llamada clase política anda por el fango como las lombrices, eso no es lo perverso; lo siniestro es distinguir las posiciones. Es decir, mundo doble.

Y entonces cabe atar cabos. Por ejemplo, en la Gran Bretaña una jugarreta de un conocido banco dio con sus dirigentes en el Parlamento y dos días después su dimisión; en España Bankia sigue campando por sus anchas sin una comisión con la que explicar a los ciudadanos lo que ocurrió y quienes propiciaron el desastre; allí se penan los desmanes, aquí el robo premeditado a los ahorradores (las Preferentes) no. En EE.UU. un banquero conocido terminó en la cárcel pocas semanas después de que se descubriera su desfalco; aquí no se tiene por delito el que un miembro destacado del Poder Judicial gastara el dinero público en provecho propio y de su amado.

Diez años después, el juicio del Prestige no está resuelto; el juez que instruyera un caso de corrupción ha sido expulsado de la carrera judicial, mientras ni hay juicio ni sentencia sobre el caso en cuestión. Mucho tiempo después de un delito un inculpado va a la cárcel, cuando se prueba que está regenerado y cumple con una vida digna. No cabe el indulto (pese a que conocemos indultos precisos) ni menoscabo al sistema que tal aberración ampara.
Mundo doble. Lo oí de un directivo de Bankia (entidad nacionalizada): las hipotecas han de pagarse porque son deudas contraídas. Aunque no se puedan pagar, como las suyas, que redime el Estado con el dinero de todos.
¿Hasta donde vamos a llegar? Hasta el infierno, es muy probable.