Pase lo que pase, tengan más razones unos que otros en sus verdades y digan lo que digan hoy las portadas de los periódicos y, vete a saber cuándo, los tribunales, lo ocurrido ayer en España es un punto de inflexión (genuflexión más bien) de la clase polÃtica, empresarial y periodÃstica ante un escándalo que ha explotado y cuya onda expansiva puede ser demoledora. Si los papeles publicados por El PaÃs se ajustan a la realidad de una contabilidad de pagos en negro a los principales dirigentes del Partido Popular; si mucho de ese dinero provenÃa de comisiones por hacer favores a empresarios y particulares; si toda esa documentación era un as en la manga del extesorero popular Bárcenas para pedir un trato de favor en sus lÃos judiciales; y si entre los dirigentes del PP no dimite ni el tato, igual esto no tiene remedio y la gente, con razón, empezará a dudar (aún más si cabe) de este estado democrático en disolución. Si, por el contrario, los argumentos defensivos del PP fueran verdad y todas esas querellas contra la principal cabecera informativa de España tuvieran algún fundamento, más allá de la visceralidad propia del acorralamiento, también serÃa un órdago que desmontarÃa este sistema de, entre otras cosas, libertad informativa. ¿Solución? ¿Dimisión del Gobierno y convocatoria de elecciones anticipadas? SerÃa una opción que sumirÃa al paÃs en una incertidumbre aún mayor, pero que, en cierta lógica, tendrÃa razón de ser porque es el único mecanismo (en democracia) que legitima a un gobierno. Pero ¿y si se convocan esas elecciones y gana, de nuevo, el Partido Popular? Lo dicho, se demuestre lo que se demuestre, lo ocurrido estos dÃas está poniendo en juego el sistema democrático y el futuro de España y me temo que los que de verdad están tomando parte en el partido no están a la altura de una ciudadanÃa que, entre el hartazgo y la indignación, o explota o se resigna.