El barómetro del CIS – Por Jaime Rodríguez-Arana

El último barómetro del CIS, como era de esperar, reconoce que la monarquía pierde enteros mes a mes, que los partidos son las instituciones más desprestigiadas y que el principal problema para los españoles es el paro, seguido de la corrupción y de los políticos. No es ninguna novedad. Más bien es la constatación de una realidad que merece ser analizada a fondo, de verdad. Algo que no acontece entre nosotros porque todavía hay muchos intereses creados y los que están arriba bajo ningún concepto desean cambios y transformaciones que puedan poner en peligro su posición. Sin embargo, la urgencia de pactos y acuerdos entre los principales interlocutores políticos, sociales y económicos es evidente.

Porque no es posible seguir cargando la factura principal de la crisis a las espaldas de los ciudadanos mientras instituciones financieras y políticas, unas más que otras, por supuesto, siguen un camino al margen de los problemas reales del pueblo, centrados únicamente en cómo seguir sacando más provecho, y rendimiento, de la crisis. La corrupción, que sigue en el candelero como una de las preocupaciones más importantes de los españoles, es percibida cada vez por los ciudadanos como un terrible flagelo que está por instalarse en la vida pública. Para el 83,5% de los españoles resulta que a nivel nacional la corrupción está muy extendida. Para el 74,5 de los ciudadanos, la corrupción a nivel autonómica también está muy extendida, mientras que para el 64,2% de los consultados lo está a nivel local. Son dígitos ciertamente preocupantes que deberían haber movido a los dirigentes a iniciar reformas de calado, no a poner parches más o menos deletéreos. En efecto, la ciudadanía reclama que los partidos recuperen el prestigio perdido, dilapidado a raudales en estos años. Para ello es necesario abrirlos a la sociedad, desmantelar las redes clientelares y las prácticas caciquiles que todavía perviven en su seno. Hay que dejar a militantes y simpatizantes que decidan directamente las direcciones de las formaciones, consultarles en torno a los idearios y, por lo mismo, en la implementación de políticas que alteran sustancialmente los programas electorales. Los candidatos a cargos electos deben ser elegidos al interior de los partidos. Los temas económicos es mejor que se gestionen por empresas externas a los propios partidos. Los dirigentes deben acostumbrarse a dar cuentas periódicamente a militantes y afiliados. Si la democracia es el gobierno del pueblo, por y para el pueblo, hoy esta forma política de gobierno atraviesa una profunda crisis porque el pueblo es, más bien, un convidado de piedra en las principales decisiones que se adoptan, unas decisiones que lesionan sus condiciones de vida.

Jaime Rodríguez-Arana es CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO / jra@udc.es