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Javier Cabrera: “El reglamento de actividades clasificadas es un paso atrás”

   

Javier Cabrera, presidente de Asocio. | DA

Javier Cabrera, presidente de Asocio. | DA

JOSÉ L. CONDE | Arona

El proyecto de decreto del reglamento de actividades clasificadas y de espectáculos públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias ha despertado la inquietud entre los empresarios que ven “un paso atrás” en sus artículos y que además entran en clara contradicción con la Directiva Bolkestein del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea que tiende a la simplificación de los procedimientros y trámites para ejercer una actividad. Así se expresa el presidente de la Asociación de Ocio del Sur (Asocio), Javier Cabrera, quien además señala que hay que “unificar criterios” debido a la excesiva normativa para evitar interpretaciones distintas si estás actuando en un municipio u otro.

Javier Cabrera ha querido salir al paso, antes de la aprobación del mencionado reglamento, dada la preocupación que ha generado en el sector debido a que hará imposible su cumplimiento. El presidente de Asocio, que agrupa a un centenar de establecimientos del sur de Tenerife, ha señalado que el Gobierno de Canarias aprobó en 2011 la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos con el compromiso posterior de desarrollarlo en un reglamento que todavía está pendiente de su entrada en vigor.

En este sentido señala que es “injusto” que un montón de establecimientos se queden fuera con el nuevo anteproyecto de reglamento al aplicarse un nuevo régimen de autorización administrativa previa. “Esto es una vuelta atrás a la licencia ya que quedan fuera por ejemplo actividades musicales siempre que su aforo sea superior a 150 personas. Es decir, que el empresario tendrá que tirarse de nuevo 14 años para obtener la licencia. Le ocurre lo mismo a un bar con cuatro mesas en la terraza, lo cual me parece increíble”.

Otro de los aspectos negativos que contempla este anteproyecto de ley es el número de baños exigible a los establecimientos. Cita como ejemplo que “un bar con capacidad para 25 personas en el interior y otras tantas en la terraza tendrá que habilitar un baño para señoras, otro para caballeros y uno para minusválidos”, a la vez que se pregunta dónde se colocan si solamente tienes 40 metros cuadrados. Señala que con esta medida “se convierte en ilegal a todos los bares pequeños de los barrios de Canarias, que además dirán que tienen un aforo menor para así evitarse realizar estas obras”.

El presidente de Asocio resalta como otro de los principales escollos el de la seguridad privada debido a que el proyecto de reglamento exige contar con un vigilante privado a partir de un aforo de 500 personas. Aunque a Cabrera le parece bien esta medida, reclama que se tenga en cuenta el aforo esperado ya que no es lo mismo abrir una discoteca un martes que un fin de semana donde la afluencia de público es mucho mayor.

Restaurantes musicales

Esta medida advierte que también es aplicable a restaurantes musicales con capacidad para 500 personas que, cada vez que abran sus puertas, necesitarán contar con un vigilante privado y “esto no me parece justo porque entiendo que no es necesario”.

Similar situación ocurre con la presencia de los controladores de acceso que se exige uno a partir de un aforo de 150 personas, dos a partir de 450 y así en aumentó.“Esto va a dejar a todo el mundo ilegal porque es imposible su cumplimiento”, añade.

Quitar burocracia

Cabrera entiende que lo principal del reglamento es quitar burocracia y agilizar trámites, que lo exige Europa, y con este proyecto “se dan pasos atrás que no benefician”.

Asocio, que se ha reunido tres veces con la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, y los técnicos redactores, reconoce que se han admitido algunas propuestas pero, sin embargo, está disconforme especialmente con la restricción de comunicación y en cuanto a seguridad privada y controles de acceso.

Por último, señala que la ley tiene que ser clara para todos y no dar lugar a interpretaciones por parte de los 81 ayuntamientos que existen en Canarias.