Los Vecinos de Montaña Carbonero planean acudir a la Fiscalía tras la anulación del PGO de El Rosario

La montaña de Carbonero o Carboneras, en La Esperanza. / DA

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

La familia afectada por el proyecto de urbanización de Montaña Carbonero, en El Rosario (Tenerife), estudia dirigirse a la Fiscalía Anticorrupción para que evalúe posibles responsabilidades penales tras la sentencia del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) que anula la actuación y el propio Plan General del municipio.

Los hermanos González Gil, en rueda de prensa, han destacado que han vivido una “pesadilla” durante más de ocho años debido a su interés por defender el uso agrícola de su finca, de unos 165.000 metros cuadrados, y han criticado la “persecución constante” y la “sinrazón” del Ayuntamiento.

En su opinión, se les puso en el “ojo del huracán” porque su propiedad lindaba con terrenos del alcalde, Macario Benítez Gil (PSOE), que a su juicio, tenía “interés” en urbanizar, hasta el punto de que fueron expulsados del padrón municipal en 2007.

Según la sentencia, el proyecto de urbanización es “incompatible” con el PIOT (Plan Insular de Ordenación de Tenerife) y deteriora “significativamente” sus valores protegidos porque entre otras cosas no se puede construir en una pendiente superior al 20 por ciento de desnivel.

Las administraciones implicadas pueden plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), aunque solo para revisar cuestiones medioambientales, según ha aclarado el abogado del caso, Pedro Fernández Arcila, que ha dicho que de manera “definitiva” se impide la urbanización del paraje salvo que se modifique el PIOT o la legislación territorial del archipiélago.

En este sentido, los vecinos han solicitado al grupo de gobierno que haga un uso “ético” del dinero público y no lo “despilfarre” con recursos porque ya hay tres sentencias que anulan el PGO, y aún en el caso de plantearse, han exigido que se costeen con su propio capital.

Rueda de prensa vecinos Montaña Carbonero. | NORCHI

INDEMNIZACIONES

Fernández Arcila, por su parte, ha destacado que la lucha de Montaña Carbonero es una “causa justa”, y se ha mostrado “sorprendido” por la “beligerancia” del Cabildo de Tenerife a la hora de defender una actuación urbanística que era “incompatible” con el PIOT, que es de su competencia.

Ha cuestionado también la “complicidad” del Gobierno de Canarias en el proceso, y cree que por “responsabilidad”, el Ayuntamiento debe dejar de aplicar el Plan General porque está anulado y podría enfrentarse al pago de indemnizaciones. “Lo mejor sería empezar otro Plan General”, ha subrayado.

En principio, las fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento van a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde informe sobre la anulación del Plan General y se depuren responsabilidades políticas.