Un estudio isleño cifra en 40.000 millones el coste social de la corrupción

EFE | Las Palmas de Gran Canaria – Madrid

Un estudio de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), publicado en reconocidas revistas internacionales especializadas en las ciencias sociales y la economía aplicada, calcula en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España.

Este estudio desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES) se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

Los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León han desarrollado un método que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.

En el ámbito español, los resultados demuestran que, al aplicar la nueva metodología, “la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional”.

Concretamente, las estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008). Los investigadores destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla “es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la dificultad de su medición”.

La publicación de este análisis llega cuando el caso Bárcenas se encuentra en un primerísimo plano de actualidad. En este escenario, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó ayer la prisión incondicional del extesorero del PP, que decretó el 27 de junio el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, al entender que persiste el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y reiteración delictiva. En su auto, de 26 folios, la Sala ha tenido en cuenta las numerosas cuentas bancarias de Luis Bárcenas en el extranjero, fundamentalmente en Suiza, que reflejan “la recientemente conocida, intensa, opaca y críptica actividad negocial” del ex tesorero.

Esta circunstancia hace “evidentes” los contactos del extesorero “con personas que pudieran facilitar su sustracción a la acción de los tribunales, debido a las relaciones opacas y oscurantistas en las que desarrolla sus actividades”, lo que “acrecienta sobremanera el riesgo de fuga”. La Sala concluye que la prisión es necesaria y que se cumplen “sobradamente” todos los requisitos para mantenerla: riesgo de fuga, destrucción u ocultación de pruebas y reiteración delictiva.