Las Teresitas – Por Leopoldo Fernández

El caso de la playa de Las Teresitas parece el cuento de nunca acabar, por el interminable río de pleitos penales o civiles que arrastra, unos en juzgados de primera instancia, otros en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y algunos más ante el Tribunal Supremo, iniciados desde finales de los años sesenta. Los juicios enfrentan a particulares; a particulares, empresas e instituciones y a instituciones entre sí. Una parte del sumario se encuentra en el Supremo, por la condición de aforado del senador y exalcalde Miguel Zerolo, y otra en juzgados tinerfeños de primera instancia. Existen al menos tres piezas separadas en el caso y los sumarios abiertos afectan a delitos como cohecho, fraude fiscal, malversación de caudales públicos, falsificación documental, apropiación indebida, contra el medio ambiente, soborno, prevaricación, financiación ilegal… Si se incluyen las cuestiones incidentales relacionadas con Las Teresitas y los conflictos surgidos con Defensa, Costas, Las Huertas, Montaña Morera, Inversiones Las Teresitas (ILT), el mamotreto, los proyectos diseñados por el arquitecto Perrault, la Junta de Compensación y sus más que discutibles actuaciones de los últimos años, pasan de 125 los pleitos resueltos o pendientes. En ellos están encausadas una veintena de personas -algunas ya fallecidas-, entre funcionarios, políticos, empresarios y abogados. Las investigaciones sobre el fondo del asunto -la compra del frente de playa para evitar que se construyeran hoteles y zonas residenciales- se iniciaron hace más de siete años y aún no están cerradas, puesto que se hallan pendientes varias líneas de investigación abiertas en el extranjero. Ahora han aparecido nuevos y relevantes documentos que, se dice, pueden dar un vuelco a la causa general, ya que se trataría de escrituras de propiedad de terrenos que ya eran municipales y aún así se compraron como ajenos. En medio de todo el lío, se había fijado para ayer, aunque se ha aplazado, la vista previa del proceso civil, sobre reclamación de 116 millones de euros (53 por el precio pagado y 63 de intereses de demora y daños y perjuicios) al Ayuntamiento de Santa Cruz por parte de ILT a cuenta de la compra del frente de la playa que luego anularía el Tribunal Supremo. La corporación por su parte solicita que le sea devuelta la cantidad que pagó en su día con los intereses correspondientes. Pase lo que pase, se trata de un lamentable asunto, con indudables brotes de corrupción y engaño, que ha paralizado un proyecto relevante para el uso y disfrute ciudadano de un lugar de ocio tan emblemático como la playa de Las Teresitas. Por acción u omisión, algunos van a tener que pagar muy caro tanto desatino.