Las empresas privadas también rendirán cuentas a la ciudadanía

Francisco Hernández Spínola, durante la reunión de ayer con los portavoces parlamentarios. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El embrión de la ley canaria de transparencia va tomando forma. Ayer salieron a la luz nuevos detalles, con motivo de la entrega a los cuatro portavoces parlamentarios de un borrador del futuro proyecto. Se sabe, por ejemplo, que la intención del Gobierno regional es que las empresas privadas también rindan cuentas ante la ciudadanía. Concretamente, aquellas en las que al menos el 30% de su presupuesto anual proceda de ayudas públicas o reciban más de 60.000 euros en subvenciones.

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola; el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Manuel González, y el director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, Teófilo González, se desplazaron a la sede del Legislativo para una segunda reunión exploratoria. En esta ocasión, con más elementos de análisis. Tras esta nueva toma de contacto, los interlocutores se han emplazado para el 24 de febrero al objeto de poner en una carpeta las sugerencias.

En declaraciones a la prensa en el patio, José Miguel Barragán (CC-PNC-CCN), Australia Navarro (PP), Manuel Fajardo (PSOE) y Román Rodríguez (NC, mixto) valoraron el “gesto” del Ejecutivo autonómico y se comprometieron a colaborar para enriquecer la norma, de manera que se cumpla con una de las demandas ciudadanas más apremiantes en medio de la desconfianza generalizada hacia las instituciones.

Spínola expresó la satisfacción del Gobierno por cómo trascurre el proceso de elaboración de la ley de transparencia. “Se está ejecutando la hoja de ruta que se diseñó hace un año”, recalcó. “Había que reaccionar ante el desafecto”, añadió. El consejero destacó el modelo de participación aplicado, que se ha plasmado en trece foros presenciales convocados en las siete islas.

En este marco, Francisco Hernández Spínola explicó que el Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.) formará al personal en la materia y confirmó que, como adelantó este periódico, el Diputado del Común actuará como comisionado de la transparencia.

La legislación se extenderá a los cabildos y los ayuntamientos, aunque su desarrollo en esos ámbitos quedará supeditado a lo que dispongan las leyes por las que se regirán las corporaciones insulares y municipales.

Entretanto, el portal digital ya se encuentra “en una fase bastante avanzada”.