Servicio público – Por Leopoldo Fernández

A nadie medianamente informado le puede sorprender que las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura clamen al cielo ante la falta de sensibilidad del Ministerio de Fomento tras ser excluidas hasta 2016 de la obligación de servicio público en el transporte marítimo entre Canarias y Cádiz. Por mucho ahorro que se pretenda en esta época de austeridades y recortes y se mire por donde se mire, no parece lógico en absoluto -ni política, ni económica, ni socialmente- circunscribir a Tenerife y Gran Canaria las conexiones por vía marítima, salvo que se pretenda condenar a dichas tres islas periféricas a no poder exportar ni importar directamente las mercancías necesarias para su respectivo desarrollo o para el imprescindible abastecimiento de los productos necesarios para un sinfín de actividades. Las instituciones más representativas de dichas tres islas y el Gobierno de Canarias ya han alzado su voz para protestar por semejante arbitrariedad e injusticia, que obvia el grave problema de la doble insularidad y los inevitables retrasos y perjuicios económicos, con especial incidencia en la cesta de la compra, que ocasionaría la supresión de las tres escalas. Parece mentira que una vez más haya que explicar a las autoridades nacionales, sobre todo a la Dirección General de la Marina Mercante, que la lejanía y la condición insular de Canarias son dos singularidades que exigen un trato diferenciado, tal y como se hace hasta este momento y como recomienda la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas. Cambiar estas reglas de juego en las bases de licitación de un nuevo concurso público para otorgar la concesión de la mentada línea marítima sin las tres conexiones hoy vigentes supone un desconocimiento absoluto de la realidad isleña so pretexto de ahorrar dos o tres millones de euros, tal y como ya advirtiera el Parlamento autonómico en septiembre pasado. Se impone por tanto la realización de gestiones urgentes ante el Gobierno central, bien para rectificar las condiciones del concurso público, que ya quedó desierto en anterior ocasión, bien para convocar otro nuevo antes de que el 20 de enero concluya el plazo para que las navieras presenten sus propuestas. Son muchos y muy importantes los intereses que están en juego y no caben por tanto ni políticas de medias tintas ni parches con los que paliar las carencias que presenta el actual concurso. La conectividad tanto aérea como marítima es un reto permanente para Canarias porque de su mejora y ampliación depende en gran parte el crecimiento turístico, el imprescindible abastecimiento, la facilidad para dar salida a las exportaciones agrarias y la expansión de su economía hacia la España peninsular y los países vecinos.