Comercio electrónico – Por Francisco Pomares

Los periodistas nos pasamos la vida repitiendo como loros lo que dicen otros, interpretando declaraciones ajenas, poniendo énfasis en lo que es importante y lo que no lo es. Con las prisas, o por exceso de trabajo, muchas veces se opta por considerar instantáneamente como importante lo que es polémico, lo que tiende al conflicto o lo que se dice en voz alta o incluso a gritos, cuando lo cierto es que la mayoría de las veces que hace falta levantar la voz es porque no se tienen argumentos o no se tiene razón. Ana Oramas ha revelado que el 70% de las empresas que venden por Internet en España, no lo hacen en Canarias. Existe una lógica para esa situación, fruto de la suma de complicaciones que suponen la facturación sin Iva, el coste de los envíos y los trámites de aduanas, que requieren una documentación específica para todos los paquetes que se envían desde la Península a Canarias. Al final, las empresas optan por no complicarse, porque el mercado isleño no es de los más apetecibles. Pero el comercio electrónico crece a velocidad exponencial. El tráfico que genera ha salvado a los servicios de Correos de la ruina, y alimentado la expansión de servicios de mensajería que permiten colocar los productos adquiridos en tan sólo 24 horas en todo el territorio nacional. ¿En todo? En todo no: como la aldea gala de Asterix, Canarias ha quedado al margen de ese mercado único que es la Unión Europea, aunque se da la paradoja de que la mayoría de las empresas de comercio electrónico de Europa si realizan envíos a Canarias… Se trata de un asunto importante, al que nadie presta especial atención, y que el PP no ha querido debatir en las Cortes. Bastaría con exigir por ley a las empresas de comercio electrónico que asumieran la obligatoriedad de atender pedidos en todo el territorio español. Las molestias añadidas para cubrir encargos de las islas se irían resolviendo a la medida que el mercado creciera, por la vía de la simplificación de los trámites, especialmente los aduaneros, y el coste añadido del envío siempre se puede repercutir en el precio final. Pero el comercio que más ha crecido en los últimos años y más va a crecer en los próximos -se calcula que en quince años el sesenta por ciento de las compras de productos físicos se realizara por comercio electrónico- no puede dejar de lado a dos millones de ciudadanos españoles. Resolver eso es muchísimo más importante que -por ejemplo- el certificado de residencia o la segunda maleta, asuntos a los que hemos dedicados ríos de tinta y océanos de enojadas declaraciones políticas.