Los expertos piden que la Cotmac ceda poder a las corporaciones locales

Una reunión de la Cotmac, presidida por el consejero Domingo Berriel. / FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El comité de expertos creado por el Gobierno regional, junto a cabildos y ayuntamientos, para asesorar sobre la reforma de las administraciones públicas canarias, ha propuesto quitar al Ejecutivo autonómico la potestad de aprobar de forma definitiva el planeamiento de ordenación territorio y su desarrollo, salvo el caso de los espacios naturales protegidos.

De esta forma, los ayuntamientos tendrían capacidad para tramitar y aprobar de forma definitiva sus respectivos planes generales, y los cabildos los planes insulares, sin tener que esperar, como ahora, a que la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) les dé el visto bueno final para que puedan entrar en vigor.

Un modelo que, según indica este comité en el informe que ha entregado al Gobierno canario, a la Fecai y a la Fecam, tiene como referentes a Austrias y Baleares.

Aunque este consejo de sabios, presidido por el catedrático de Economía Aplicada José Luis Rivero Ceballos, considera que el actual modelo competencial es “válido en términos jurídicos”, aconseja cambiar el actual, al que califican de “bifásico y centralizador”, porque “constituye una fuente de conflicto entre Administraciones y también de desconcierto para los ciudadanos, sin que los objetivos que persiguen parezcan suficientes para justificarlo”, y tampoco constituye la forma “más adecuada para conseguir la mejor ordenación, la mayor agilidad de la tramitación y la mejora en la gestión de los proyectos e iniciativas de empresas y ciudadanos”.

El vigente sistema de reparto competencial en ordenación del territorio está regulado por el Texto Refundido de la Ley de Territorio y de los Espacios Naturales, según el cual el ayuntamiento o el cabildo asumen la aprobación inicial y la aprobación provisional de un plan, mientras que la Comunidad Autónoma se encarga de la aprobación definitiva. Por ello, el cambio de sistema requeriría de modificar esta normativa. En todo caso, en el informe, estos especialistas, puntualizan que con el nuevo sistema competencial que plantean, el control de la legalidad por parte de las administraciones superiores se haría mediante informes preceptivos y vinculantes para la inferior.

Además, el documento propone que, con la aplicación del nuevo método, se implanten mecanismos de colaboración entre administraciones, “especialmente de carácter técnico, financiero y jurídico, a favor de aquellos cabildos y ayuntamientos que por su dimensión tengan dificultades” para sacar adelante esta planificación.

Cuestión distinta son los espacios naturales protegidos, en los que el comité de expertos propone mantener la competencia de su planificación y ordenación en el Gobierno de Canarias, porque considera que en estos parajes “concurren valores que van más allá de lo municipal y de lo insular, e incluso, en los parques nacionales, de lo autonómico”, si bien recomienda “reforzar la participación” de cabildos y ayuntamientos en la elaboración de este planeamiento.

El comité también propugna en el informe que la evaluación de los impactos ambientales de los planes “de toda clase” siga estando reservada a la Administración autonómica, “por razón de su especialización y también por la relevancia comunitaria” de esta competencia.