Un gran escándalo de corrupción afecta a todos los ayuntamientos de Lanzarote

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Más de 100 empresarios y políticos de todos los colores están imputados en el caso Unión, un escándalo de corrupción que afecta a todos los municipios de Lanzarote, según adelantó este jueves la Sexta televisión. Y, si esto fuera poco, el juez que empezó a investigar denuncia que han desaparecido pruebas fundamentales. Hasta cinco jueces han pasado ya por este caso y han acabado dejándolo.

En la mesa del bar Unión de Lanzarote se planeó una de las tramas de corrupción urbanística más devastadoras de Canarias. “Se llegó a hablar en su momento de más de dos millones de euros”, señala Carlos Espino, exsecretario general del PSOE de Lanzarote. Dos empresarios de la isla intentaron sobornar a este secretario del partido socialista para poder construir sin restricciones. “Me llaman y me dicen que yo podía ganar ese dinero si desde el Cabildo se desbloqueaba esa parcela”, asegura.

Durante años Lanzarote ha sido el paraíso del trueque. Parcelas y licencias a cambio de bolsos de lujo, casas y mucho dinero. “Me hablaban de otras operaciones con total normalidad, dando nombres y cuánto habían cobrado”.

Tras su denuncia empezaba a desmontarse el caso Unión: más de 100 políticos y empresarios de la isla imputados por corrupción. Ningún ayuntamiento está a salvo, en todos hay políticos investigados y salpica a los partidos de todos los colores.

11 de los imputados son alcaldes y exalcaldes de los siete municipios de Lanzarote. En Arrecife, en 2009, 11 políticos fueron detenidos, entre ellos la propia exalcaldesa. Actualmente muchos imputados continúan trabajando en el Consistorio, entre ellos el teniente alcalde de la localidad. “Una persona que está imputada con esos cargos no puede llevar las perras del Ayuntamiento”, dice la concejala Blanca Blancas.

Ahora, el juez que llevó el caso al comienzo denuncia la desaparición de pruebas fundamentales. En total, 24 autos y las grabaciones que destaparon la trama. “Con independencia de eso, entendemos que existe material probatorio más que suficiente para sostener en el juicio la acusación que hemos formulado”, asegura Guillermo García Panaso, fiscal jefe de Las Palmas.

Los imputados, por su parte, cada vez se hacen más fuertes. Cinco años después ninguno ha sido juzgado y ahora preparan una macroquerella contra los responsables de la investigación por una supuesta falsificación de pruebas masiva.

Mientras tanto, hoteles o bodegas, construidas de forma ilegal, mantienen su negocio, a la espera de que se solvente una de las mayores tramas de corrupción de España.