El chollo del alquiler vacacional

Cinco comunidades autónomas representan el 94% de la demanda de alquiler vacacional en febrero, entre ellas Canarias y Baleares. / S.M.

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El mercado del alquiler vacacional se ha convertido en los últimos años en un auténtico filón para el sector inmobiliario. Solo el año pasado generó en Canarias unos ingresos de 1.000 millones de euros. Sin embargo, a pesar de ser un producto internacionalmente aceptado y consolidado, no está regulado y, por tanto, se encuentra en una situación de alegalidad. Se trata de personas privadas que alquilan a otras personas de todo el mundo sus propiedades, a través de contratos de alquiler de temporada.

Para ello hay varias plataformas online como el portal español HomeAway o el francés Poplidays que ofrecen estos servicios y que, en algunos casos, incluyen en los contratos de arrendamientos ofertas extra como niñeras, lavandería, gimnasio o reservas para eventos. El portal español tiene más de 550.000 anuncios de alojamientos en 161 países de todo el mundo.

El alquiler vacacional se ha convertido en una buena salida para el gigantesco stock de viviendas sin vender y desocupadas que hay en Canarias. De hecho, el Archipiélago tiene el mayor número de viviendas vacacionales de España (53.979 inmuebles) según la plataforma por la regulación del alquiler vacacional. Un total de 1.300.000 turistas optaron por esta actividad en 2013, un 10% más que en 2012. Una cifra nada desdeñable porque supone que uno de cada 10 visitantes de los millones que vinieron a Canarias recurrieron a esta modalidad.

Al final se trata de una fórmula que, aunque está muy arraigada internacionalmente, en España no tiene un marco normativo que la proteja. Es más, los propietarios de estos inmuebles se arriesgan a multas que van desde los 18.000 a 60.000 euros.

Doris Borrego es la impulsora de la plataforma por la regulación del alquiler vacacional. Una organización que está intentando que el Gobierno de Canarias regule esta actividad y deje de sancionarlos. Ya ha conseguido unas 4.500 firmas. “Hace más de 30 años que existe el alquiler vacacional en las Islas. Somos más de 53.000 familias las que dependemos directamente de los ingresos de esta modalidad. No somos intrusos, solo una opción más y tampoco competencia para los hoteleros, ya que continúan los buenos resultados de ocupación”, declaró Borrego.
Los empresarios del sector de la hostelería siempre han visto en esta actividad una competencia desleal, ya que ofrecen el mismo servicio que los establecimientos turísticos, pero sin pagar iguales impuestos y sin cumplir con las mismas normativas de seguridad y calidad.

En este sentido, desde la plataforma explican que no son competencia ni para los hoteles, ni para las casas rurales porque “este turista no está buscando estancias hoteleras. Huyen de los centros turísticos y lo que buscan es mezclarse con las familias canarias. Los propietarios de las casas vacacionales pagan sus impuestos por los alquileres que generan, como cualquier otro propietario, y la calidad del producto es nuestra principal valía, ya que no nos podemos permitir el lujo de un error”. La plataforma pide que estas casas se inscriban en un registro público, al igual que el resto de alojamientos y someterse al mismo control administrativo.