El Gobierno denuncia que el área de sondeos está en un futuro LIC

Plano del futuro LIC del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario está convencido de que el Ministerio de Medio Ambiente retrasa a posta el trámite del futuro espacio marítimo protegido del oeste de Fuerteventura y Lanzarote y sur de esta isla para dar vía libre a la declaración de impacto ambiental de los sondeos de Repsol.

Y es que, según estimó ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, la superficie del previsto Lugar de Interés Comunitario (LIC), cuya delimitación figura en un mapa en la web de este Ministerio, coincide en un 50% con la de las cuadrículas autorizadas para buscar petróleo.

Marrero se quejó de “la opacidad y el secretismo” en la tramitación de este LIC, “que está guardado en un cajón”, al punto de que otros sí han salido a información pública y éste no. Se trata, dijo, del documento que ha solicitado el Tribunal Supremo, y ha pospuesto por ello la fecha de resolución de siete recursos contra las prospecciones.
El LIC formará parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, regulada por la Directiva de Hábitats, según la cual solo se le dará el visto bueno a un proyecto con riesgo para esta zona “tras asegurarse de que no causará perjuicio a su integridad”, o si debiera realizarse “por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas e índole social o económica”.
Sin embargo, si el programado LIC alberga un hábitat natural o una especie “prioritarios” para la UE, los proyectos que pudieran afectar a este lugar solo se permitirían si se jusitificara su interés para “la salud humana y la seguridad pública, o con consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta con la Comisión Europea, por imperiosas razones de interés público de primer orden”.

Precisamente ayer, el Cabildo de Fuerteventura denunció que el Ministerio de Industria “oculta el expediente de Repsol”, al denegar en Madrid su consulta a representantes de esta institución y a colaboradores del Cabildo de Lanzarote, pese a la sentencia dictada en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia, que les reconoce el derecho “a acceder a toda la información necesaria”.
En cuanto a la consulta popular sobre los sondeos, el Gobierno canario exigió ayer una “contestación formal” del Consejo de Ministros a su petición, como estipula la ley que regula los referéndum en España. Esta fue la postura de Marrero preguntado en rueda de prensa sobre las declaraciones del subsecretario del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, según las cuales este asunto ni siquiera será tratado por el Consejo de Ministros. “El subsecretario no sabe lo que dice”, enfatizó el portavoz gubernamental, quien insistió en que la solicitud de una consulta popular ha seguido los “cauces legales” y debe ser repondida por los conductos oficiales, dado que en caso de negativa cabría incluso un recurso, según apostilló.