“La filosofía de las reformas legislativas actuales es mermar los derechos de los ciudadanos”

Víctor Medina Fernández-Aceytuno. | F. P.

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Fotos: FRAN PALLERO

Vive una etapa convulsa para la abogacía, que sufre en primera línea la política emanada por el Ministerio de Justicia desde que llegó a su cúspide Alberto Ruíz-Gallardón, a quien el Colegio tinerfeño tiene declarado como persona non grata. La nueva ley de Asistencia jurídica gratuita, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, motiva de inicio esta entrevista con Víctor Medina Fernández-Aceytuno (Granada, 1962), aunque no limita sus márgenes dada la responsabilidad del cargo que ocupa al frente de los abogados locales.

-El anteproyecto de la ley de asistencia jurídica gratuita ha provocado una reacción muy adversa desde el Consejo General de la Abogacía. ¿Entiende también que se trata de un paso atrás en este servicio fundamental, de una involución?
“El Ministerio de Justicia, en todo lo relacionado con la asistencia jurídica gratuita y en general con los abogados no lleva precisamente una política errática. Para nada: lleva una línea constante fija y segura de ataque a la Abogacía. Cada vez que tiene una posibilidad, el Ministerio se decanta, de una forma que parece voluntaria, hacia aquello que perjudique a la defensa de los derechos de los ciudadanos, o bien lo que es la misma esencia de la profesión de abogado”.

-¿Puede ser más explícito cuando habla de ataque contra los abogados desde el actual Gobierno?
“Porque en la gran mayoría de los casos se escoge la peor de las opciones para todos. El concepto filosófico que subyace en las reformas legislativas del Ministerio es la de mermar los derechos de los ciudadanos, y esto tiene un evidente trasfondo político porque cuanto más débiles sean los derechos de los ciudadanos o su capacidad para ejercerlos más fácil les resultará aplicar las reformas que están llevando a cabo. No creemos que sea casual”.

-¿Tan crudo lo ve?
“Reforma tras reforma legislativa, todas parecen que van encaminadas a un menoscabo de lo que es el ejercicio del derecho de la defensa. Cuando vas sumando una tras otra, te lleva a pensar que quizás no se trate de una casualidad sino que obedezca a una política determinada donde se entiende que la resolución de los problemas de la Justicia sea con la eliminación de los pleitos”.

-¿Y cómo se eliminan los pleitos?
“Entorpeciendo el acceso de los ciudadanos a los tribunales de Justicia. Son diferentes reformas legislativas las que caminan en ese sentido”.

-¿Cuál sería el mayor exponente de ese tarea de zapa para evitar el ejercicio de lo que es un derecho de todos?
“Sin lugar a dudas, la ley de tasas, pero también la nueva asistencia jurídica gratuita, etc, etc”.

-¿Y de las reformas venideras de las que ya se conoce por dónde irán encaminadas?
“La ley de servicios y colegios profesionales, por citar un ejemplo. En general, todo lo que impulsa el Ministerio va en la misma senda”.

-¿Se sabe en qué puede afectar a los abogados esa ley de servicios y colegios profesionales?
“Se habla de unos límites en lo que es la percepción de cuotas por parte de los abogados, y también de limitar el número de los colegios de abogados existentes, cuando se da la circunstancia de que los colegios de abogados se sufragan con arreglo a las cuotas de sus colegiados. Para nada con dinero público, que eso quede claro. Es más, lo que hacen los colegios es garantizar el servicio de los abogados del turno de oficio, y si suprimes el número de colegios lo que haces es alejar al ciudadano del ejercicio de un derecho clave como es el de poder ser asistido por ese abogado de oficio. Esperemos que finalmente no sea así”.

¿Si las tasas persiguen la impunidad para el administrador? Está claro que sí”

-El Consejo General de la Abogacía apunta a una caída del 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa desde que está en vigor la ley de tasas. ¿Se persigue la impunidad para el administrador?
“Está claro que sí. La ley de tasas protege a la Administración de los recursos y así puede actuar de forma arbitraria. Aunque su actuación sea ilegal, el hecho de que el recurso sea tan costoso impedirá que un procedimiento la revise. Es lamentable pero es lo que está pasando hoy en día”.

-¿Hablamos de una impunidad de facto para determinadas actuaciones administrativas?
“En cierto modo es así. En cualquier caso en el que no venga a cuenta o, sencillamente, el ciudadano no disponga de lo necesario para afrontar el coste del procedimiento, así sucede”.

Medina durante un momento de la entrevista. | F. P.

-Esas cifras del 40% menos de asuntos en lo contencioso, ¿se repiten en Canarias?
“De momento es pronto para asegurarlo, dado que el recorrido de esta ley aún es corto y no se puede cifrar con exactitud por cada autonomía”.

-A pesar de ese poco tiempo transcurrido, ¿no se nota ya la entrada en vigor de esta ley para el día a día de los abogados?
“Por supuesto. Hay que pensar que para realizar una gran cantidad de actuaciones profesionales hay que ingresar previamente, porque es requisito imprescindible, una tasa que en algunos casos son de 300 euros, otras de 800 y algunas de mil y pico euros. O sea que, para poder trabajar, primero tenemos que hacer una recaudación. Y lo que no puede ser es que para ejercitar un derecho sea necesario primero recaudar. Para nosotros es obvio que es claramente inconstitucional”.

-¿Y en ese día a día? Más de un abogado ha tenido que cerrar su despacho en el centro para refugiarse en una habitación de la casa de sus padres..
“Es un fenómeno que llevamos tiempo detectando y denunciando desde el Colegio de Abogados desde hace ya unos años: el traslado desde el despacho profesional al domicilio del compañero”.

Como hay que ahorrar, más de un compañero cierra el despacho y lo abre en su casa”

-Con la pérdida de puestos de trabajo que ello supone…
“Así es. Lamentablemente hay que ahorrar, y habilitando una o dos habitaciones del domicilio particular para atender allí a tus clientes pues se evita uno el alquiler, la luz, el agua y la secretaria, claro”.

-Este empeoramiento de las condiciones profesionales de los abogados… ¿Lo relaciona más con los problemas para cobrar las minutas ante las dificultades económicas generalizadas o…?
“Es tan sencillo el tema como que al circular ahora menos dinero existen menos negocios jurídicos, menos pleitos, menos compraventas, menos divorcios… En resumen, no sólo hay menos trabajo sino que cuesta más cobrar tus honorarios porque la población en general es más pobre”.

-¿Se ha traducido esta situación en un aumento del número de los abogados tinerfeños que se apuntan a los turnos de oficio?
“Desde luego. Hay compañeros de más de 70 años incluso que llevaban veinte años sin darse de alta en el turno de oficio y que ahora lo han retomado”.

-Y, curiosamente, el colegio tinerfeño de abogados acaba de vivir la jura más masiva de toda su historia…
“Era hasta cierto punto previsible dado que, al fin y tras un periodo de transición enorme, se produjo la entrada en vigor de la Ley de acceso, que implica que los licenciados en Derecho que quieran ejercer la abogacía a partir de ahora tendrán que realizar un examen de Estado. Para evitar ese nuevo requisito, han sido muchos los que optaron por colegiarse antes del final de dicho plazo”.

-La medida es por un lado comprensible en cuanto a mejora en la prestación de los servicios de los abogados, pero ¿qué le dice a los que la consideran un perjuicio a sus intereses?
“Cuando un estudiante de Derecho acaba la carrera, la realidad es que no está preparado para defender en los tribunales los derechos de los ciudadanos. Establecer un mecanismo que permita incrementar su formación y que los ciudadanos estén mejor defendidos era una demanda de la Abogacía desde hace muchos años. Ha costado mucho conseguirlo y tenga por seguro que llegará un momento en que todos reconozcan cómo es posible que antes se pudiera ejercer sin haber pasado por estas pruebas que se exigen a partir de ahora”.

El recorte del Estado Social y de Derecho golpea muy duro a la Justicia”

-Ahora que lamentablemente lo común es cerrar, el Colegio de Abogados tinerfeño abre una Delegación en el Norte. ¿Compromiso electoral ineludible?
“No sólo un compromiso electoral ineludible sino absolutamente necesario. Hay que atender las demandas de todos los compañeros, estén en el Norte o estén el Sur o donde sea. El Sur ya tenía su delegación y los compañeros del Norte de la Isla necesitaban desde hace tiempo ese lugar donde consultar la base de datos, tener ese lugar de encuentro, poderse reunir con los clientes y, en resumen, llevar a cabo cualquier tipo de trámites. Nos hemos limitado a satisfacer dicha necesidad como era nuestra obligación”.

-¿Ha mejorado en algo la Administración de Justicia en el Sur de Tenerife?
“No. La realidad es que no. Cada vez hay menos medios, las reformas que se introducen como poco no son especialmente imaginativas… La situación, utilizando un término económico, se apalanca, o más bien empeora. Por suerte o quizás por desgracia, estamos acostumbrados ya a este nivel”.

-¿Ha mejorado la situación de los juzgados de lo penal en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife?
“Hay algún atisbo de movimiento para solucionar el grave problema de estos juzgados, pero hay que reconocer que no sólo no es fácil sino que apenas hay medios para ello. El recorte del Estado social y de Derecho golpea muy duro a la Justicia y el tiempo para resolver los conflictos se va ampliando. Es verdad que hay políticos con voluntad para mejorar el estado de las cosas, pero sin medios es francamente complicado conseguirlo, la verdad”.

-Los principales responsables de la Justicia en la Isla suelen tener buenas palabras con los políticos regionales del sector o, al menos, no son particularmente críticos.
“Hombre. Siempre se podrán hacer las cosas algo mejor pero tampoco es caer en la crítica fácil. Hay un hecho evidente: la Comunidad Autónoma de Canarias no está entre las últimas a la hora de destinar recursos a la Justicia. Eso hay que decirlo, pero tampoco es que sea suficiente. Al fin y al cabo es un dato relativo: Si lo comparamos con el País Vasco es poco, pero si lo comparamos con la mayoría de las comunidades autónomas es más alto”.

-Por su oficio, un abogado sabe perfectamente cuál es el pulso económico en cada momento. ¿Ustedes notan esa mejoría?
“Personalmente, ya que no me atrevo a hablar en nombre de todos, no la noto aún, aunque eso no quiere decir que no exista de alguna manera. Aunque soy de natural excéptico, tiendo a creer que es verdad lo que dicen acerca de esa mejoría. Siempre hay un periodo que transcurre desde el inicio de esa recuperación hasta que uno la percibe directamente, y ese plazo puede ser de un año o de dos, no sabría fijarlo. Puede que estemos en ese periodo intermedio, aunque de momento no se percibe”.

-Por último, ¿están al día los abogados tinerfeños del turno de oficio?
“Acaban de ingresar el último trimestre del año, así que le puedo anunciar que, por primera vez en muchos años, la administración está al día en este asunto”.