El PP rechaza el plan que obliga a reducir azufre en Santa Cruz

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

El diputado del PP Manuel Fernández acusó ayer en el Parlamento canario al consejero de Sostenibilidad, José Miguel Pérez, de fijar límites al dióxido de azufre(SO2) de la Refinería “inasumibles” por Cepsa, “para forzar a que no ejerza su actividad”.

Pérez, que compareció en una comisión a petición de PP, NC y PSOE, desmintió tal acusación, y aseguró que la reducción de un 29% del SO2 persigue cumplir la ley con un plan de calidad del aire tras los niveles ilegales en la piscina municipal en 2011, y se basa en “datos con rigor científico” recabados por la Consejería y un estudio del Centro Nacional de Supercomputación (CNS), “de prestigio internacional”.

Fernández, en cambio, consideró que se ha creado “alarma social” injustificada, pues a su juicio nadie muere por S02 en la ciudad, y él mismo, ironizó, sigue “vivo”. Argumentó que la estación de la piscina“está rodeada de tres grandes vías y no diferencia” entre tráfico y refinería, señaló que “no hacen falta medidores” para saber que el aire es “limpio, porque el cielo es transparente y azul el 80%-90% del tiempo” por los alisios que se llevan la contaminación “hacia el sureste” (mar), “menos un “5%-7% del año, por siroco”, y propuso en su lugar “bajar esos días la intensidad del refino para reducir un 50% las emisiones”.

Plan de calidad del aire
El diputado del PP contradijo así, sin citar fuente científica alguna, todos los informes técnicos en que se basa el plan de calidad del aire: uno de la Consejería de Sanidad, según el cual por cada 10% de aumento diario del SO2 crece la mortalidad un 12,5% en Santa Cruz, y otro del CNS (algunas de cuyas conclusiones leyó Pérez) según el cual una área de 3 kilómetros de perímetro en torno a la refinería está afectada, los incrementos diarios de este gas llegan hasta un 20% y un 40%, en Santa Cruz no hay alisio (lo frena Anaga) sino brisas locales que hacen que el 64% de los días el S02 no se disperse; y el 78% del azufre procede de Cepsa y solo el 1% de los coches.

Gloria Gutiérrez (PSOE) denunció que Canarias sufrió hasta la década pasada años de retraso en aplicar la normativa de calidad del aire. Y Román Rodríguez (NC) dijo que ve “indicios suficientes de delito” en la causa penal abierta contra la refinería.