UGT y CC.OO. van a los tribunales contra la supresión de 40 liberados

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

CC.OO. y UGT han recurrido por vía judicial la resolución de la Dirección General de Función Pública del Gobierno canario por la que ambos sindicatos perdieron este año 40 liberados que, a raíz de los Acuerdos de Concertación Social, tenían para facilitar su participación en más de cien órganos de representación de la Comunidad Autónoma y en la negociación colectiva con organizaciones empresariales.

Así lo confirmó ayer el secretario general de CC.OO. en Canarias, Juan Jesús Arteaga, quien explicó que estos recursos contenciosos siguen adelante a pesar de que CC y PSOE presentaran recientemente en el Parlamento regional una proposición de Ley de Participación Institucional, iniciativa que los sindicatos venían reclamando desde hace al menos “diez años”.

Arteaga indicó que el asunto ha llegado a los tribunales porque ambos sindicatos, en contra de lo que opina el Gobierno canario para justificar la resolución que dictó en diciembre, sostienen que el Real Decreto Ley 20/2012 del Ejecutivo estatal no obliga a dejar sin validez desde 2014 todos los acuerdos sobre créditos horarios y dispensas para liberados que mejoraran la normativa básica.

Sobre el texto de la propuesta de Ley de Participación Institucional, el dirigente de CC.OO. señaló que se ha salvado “un escollo” que existió en anteriores intentos, y era el de la presencia de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas públicas. Finalmente, no estarán, debido a que las propias organizaciones sindicales “no tienen especial interés en formar parte de esos órganos, y más ahora en que, con los cambios legales, implican responsabilidades personales”, aclaró Arteaga, aunque, en su lugar, reclamarán poder hacer un seguimiento de la gestión de las empresas públicas desde un órgano externo.

En todo caso, para Arteaga, la futura ley es positiva en cuanto a que “reconoce el papel de los sindicatos en el seguimiento de la actividad de la Administración Pública”, si bien, dijo, falta por ver qué texto será aprobado por el Parlamento autonómico.

Para el responsable regional de CC.OO., la garantía legal de tomar parte en todos los órganos de participación de la Comunidad Autónoma, junto con las organizaciones empresariales, “no necesariamente se puede tener con una subvención, sino también es posible con liberaciones de funcionarios”. “Lo que necesitamos los sindicatos es poder participar con solvencia técnica, y para ello necesitamos gente dedicada a esta labor o que nos haga los estudios necesarios”, apostilló Arteaga.