Volver a la parroquia – Por Francisco Pomares

El Ayuntamiento de Las Palmas tarda seis meses en tramitar las ayudas sociales a los vecinos que las solicitan, y en el tiempo de espera, envía a las personas en peores condiciones a las parroquias de la ciudad para que puedan comer. El trámite se ha burocratizado hasta el extremo de que existe un documento oficial, llamado “hoja de derivación” en el que se informa de las condiciones que deben cumplir quienes acceder a los alimentos que distribuyen las parroquias, y en el se ofrece una lista de destinos, en función de la residencia de los peticionarios. Lo más chocante es que el propio Ayuntamiento afirma que no hay limitación presupuestaria para atender a las personas sin empleo ni prestaciones o con grandes cargas familiares que acuden a los servicios sociales municipales. La “derivación” es únicamente una consecuencia del lento proceso de revisión de los expedientes y concesión final de las ayudas. Para evitar que esos retrasos de medio año o más entre la petición de ayuda y la prestación se produjeran, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife declaró hace ya cinco años la situación de emergencia social (fue la primera capital de provincia que lo hizo en toda España), permitiendo con ello aligerar los trámites y acelerar las concesiones.

Aun así, entre la solicitud de ayudas y su prestación definitiva, según los datos del propio Ayuntamiento, Santa Cruz tarda alrededor de tres meses en resolver. Uno se pregunta para qué se sostienen complejas y costosas estructuras burocráticas de asistencia social, que -incluso en situación declarada de emergencia- precisan de casi cien días para tramitar un subsidio. Los ayuntamientos son la primera línea del frente público contra las consecuencias de la pobreza y la marginación. Es cierto que carecen de recursos para aplicar políticas sanadoras, pero disponen de mecanismos para aplicar políticas paliativas, aunque la reforma de la Administración Local, ya en curso, pueda acabar limitando draconianamente esos mecanismos. La cercanía municipal al ciudadano debería servir para poder atender mejor sus necesidades más inmediatas y perentorias, sobre todo si existen los recursos para hacerlo, como asegura el Ayuntamiento de Las Palmas. Enviar a los ciudadanos a los centros de distribución parroquiales, hacerlo por oficio, es razonable si no existe otra opción. Pero no lo parece cuando el motivo es la poca eficiencia en la tramitación de las ayudas. El ayuntamiento debe evitar la confusión entre la asistencia social y la caridad. No son la misma cosa.