El borrador del reglamento de las consultas lleva 2 años en un cajón

Oficinas del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha activado un operativo para encontrar el borrador del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana que el anterior director general dejó hace dos años sobre la mesa y que debió de ser guardado en un cajón o tirado a la papelera cuando fue destituido por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.

Por aquel entonces, Pedro Ramos diseñó el desarrolló de la ley de 2010 y planificó el cronograma para su aprobación definitiva. Era un mecanismo complejo, porque vinculaba a todo el Ejecutivo regional. Sin esa herramienta no procede aplicar el artículo 20: “El Gobierno podrá, a instancias del presidente, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”.
Ese documento concretaba el qué, el cómo y el cuándo. También definía la elaboración del censo y los órganos apropiados para este propósito.

Otro instrumento previsto es el del foro de consulta, “un espacio de debate y análisis de las políticas públicas, de carácter orgánico, con el objetivo de obtener de forma dinámica y actualizada opiniones, propuestas o críticas a las diferentes iniciativas de actuación pública, tanto en la fase de elaboración como con posterioridad a su implementación en procesos de carácter evaluativo”. Incluye a los ciudadanos y representantes de entidades inscritos en el Registro de Participación. Se trata de “expertos en la materia, externos o de la propia Administración concernida, a fin de dotarlos del máximo rigor técnico y de objetividad”.
Junto a las consultas y los foros, la ley crea los denominados paneles ciudadanos. Son canales de “información constante e inmediata” de alcance temporal sobre “cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de gestión pública”.

Además, los jurados ciudadanos valorarán “la eficacia y el resultado de una iniciativa de la Administración pública”. Estarán compuestos por diez personas seleccionadas por el órgano administrativo que quiera conocer la opinión de una actividad “previo informe del departamento correspondiente mediante sorteo, como muestra representativa de la sociedad”.

A diferencia de la Ley de Transparencia, aún a las puertas del Parlamento, la de Participación Ciudadana ni siquiera está respaldada por una normativa básica nacional. Y eso que esta última fue la segunda que promulgó una Comunidad Autónoma, tras la valenciana. Eso sí, para la de Transparencia se recopilaron 2.598 aportaciones a través de 13 foros presenciales con asistencia de casi 700 personas. Una de las conclusiones es que los canarios demandan la implantación del “gobierno abierto” y que la información pública se transmita de forma más “clara y sencilla”. Del portal de Internet no hay noticias. Finalmente se ha optado por retrasar su activación hasta que la ley sea una realidad.

Los hechos demuestran que el fomento de la participación ciudadana no siempre favorece el interés de la Administración en agilizar los trámites mientras las propuestas se someten al control previo. Quizá resulte demasiado exigente para el Gobierno.

Fórmulas para una consulta

El Gobierno canario “estudia un amplio abanico de fórmulas” en el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, en proceso de redacción, para consultar a los ciudadanos su parecer sobre los sondeos de Repsol, si, como se prevé, Rajoy no autoriza un referéndum. Así lo explicó el portavoz gubernamental, Martín Marrero, que mencionó como fórmulas la votación en urnas o por Internet mediante la firma electrónica, o las encuestas. “En todo caso queremos que el desarrollo reglamentario de la ley tenga solvencia jurídica”, indicó Marrero. El portavoz dejó claro que “por una vía o por otra” los canarios podrán expresar su opinión sobre las prospecciones, informó Vicente Pérez.