No hay derecho – Por Leopoldo Fernández

Esta vez, sí. Esta vez el presidente del Gobierno canario tiene razón. Estamos ante un caso flagrante de “grave falta de respeto institucional” al ejecutivo de Canarias por parte del Gobierno de España. Han pasado cuatro meses desde que oficialmente el gabinete que preside Paulino Rivero solicitó el preceptivo permiso al Consejo de Ministros para poder celebrar en las Islas una consultar popular sobre las prospecciones petrolíferas. Se puede estar o no de acuerdo con la política que se sigue en distintas instituciones isleñas respecto de este tema -personalmente ya he criticado no pocas veces la absurda y alarmista actitud del Gobierno de Canarias y sus cómplices seguidistas-, pero resulta de todo punto inadmisible el comportamiento del ejecutivo de Rajoy. Además de un ninguneo inaceptable, el silencio gubernamental constituye un ataque frontal al estado de derecho y a las actuaciones más elementales de la práctica política y la obligada lealtad entre las instituciones.

Es cierto que la Ley orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, de 1980, no fija un periodo de tiempo concreto de respuesta a la solicitud de autorización para el referéndum, que es competencia exclusiva del Estado; pero la prudencia revela en este caso que con Canarias se han sobrepasado todos los plazos. La cuestión es más grave aún cuando distintos portavoces oficiales ya han anticipado un no rotundo a la demanda planteada. Pero la respuesta escrita resulta obligada y además debe estar bien argumentada jurídicamente, porque contra la resolución gubernamental cabe recurso ante los tribunales de justicia. Por las noticias que me llegan, Consejo de Estado y Abogacía del Estado, entre otros organismos, llevan tiempo estudiando el tema, ya que no existe ningún precedente y conviene afinar los razonamientos; pero aun así, lo que está sucediendo con este asunto no tiene nombre. Cuando actúa en nombre del estado, el gobierno debe ser escrupulosamente legal y respetuoso con quien aguarda una respuesta por el conducto reglamentario. Por otra parte, la pretensión del ejecutivo autonómico de celebrar la consulta popular al amparo de la Ley canaria de participación ciudadana, es sencillamente ilegal porque no puede haber referendos acerca de cuestiones sobre las que la comunidad autónoma no tiene competencias. Me parece una grave falta de responsabilidad el colocar esta cuestión petrolera en el centro de la vida política canaria cuando son tantos y tan graves los asuntos de enjundia que reclaman la urgente atención de las autoridades. Y cuando el vecino Marruecos está buscando hidrocarburos a cinco kilómetros de distancias de donde lo van a hacer próximamente Repsol y compañía.