Justicia universal – Por Leopoldo Fernández

Cuando la Audiencia Nacional decidió con presteza, hace mes y pico, poner en libertad a medio centenar de narcotraficantes internacionales detenidos, pero no juzgados aún, en España, dije en Teide Radio que se trataba de una decisión irreflexiva y precipitada, una especie de pataleta de varios jueces de la Sala de lo Penal de ese tribunal con afán de dar una pública bofetada al gobierno central por limitar el alcance de la llamada justicia universal. Afortunadamente el Tribunal Supremo, tras el recurso que presentó la Fiscalía, ha enmendado la plana a esos jueces, en su mayoría con excesivo afán de notoriedad y protagonismo -como si aspiraran al estrellato en plan Garzón-. Y les ha recordado que España tiene suscritos tratados internacionales que otorgan a las autoridades judiciales derechos y jurisdicción para poder actuar contra el narcotráfico, en tierra como en alta mar o en el aire.

Se ha acotado la actuación policial o judicial más allá de nuestras fronteras, pero sólo si se respetan el Derecho Internacional y el libre tránsito aéreo o marítimo, que decaen cuando existen pruebas de que esa libertad ha dejado de ser inocente y de buena fe al enredarse en tráficos penados por las leyes, como en el caso de las drogas o en el embargo de armas dispuesto por organismos internacionales competentes. Cosa bien distinta es la delirante pretensión de algunos jueces de llegar a encausar, con el solo brazo de la ley española, a dirigentes de otros países que vulneran derechos humanos o reprimen brutalmente las aspiraciones de libertad de sus pueblos. Para eso ya existen tribunales reconocidos por Naciones Unidas o por otros organismos multinacionales que se encargan expresamente de juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad y aquellas acciones que generan repulsa y condena en la comunidad internacional. Los jueces españoles no han estado, no están y no deben estar nunca investidos de un poder omnímodo.

Su celo justiciero debe tener sus justos límites, de modo que no se produzcan abusos de poder, detenciones arbitrarias ni cualesquiera otras irregularidades en la persecución de los delitos. Ningún juez puede campar a sus anchas, ni ejercer sus responsabilidades a su libre albedrío, ni retorcer la ley a conveniencia, ni salirse del estricto marco de actuación que le marcan las normas. Al sentar doctrina, el Supremo restablece la correcta aplicación de la ley y la seguridad jurídica, desautoriza la interpretación dada a la reforma gubernamental -un tanto chapucera, la verdad- y deja a los jueces que pusieron en libertad a los narcos a los pies de los caballos. Estos magistrados, que además produjeron una justificada alarma social, deberían ser sancionados a cuenta de tanta tropelía.