La asignación de recursos públicos condiciona la concertación social

Paulino Rivero preside una reunión del Gobierno canario con los agentes económicos y sociales. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El éxito de la concertación social pende del hilo que sostiene la hucha de los recursos públicos para financiar a las dos organizaciones sindicales más representativas de Canarias. Así lo han dejado caer Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, tras la reactivación del diálogo del Gobierno regionales con los agentes económicos (las principales patronales de las Islas) y sociolaborales.

El último día de julio, el vicepresidente José Miguel Pérez y la consejera Paquita Luengo trasladaron a CC.OO.-UGT y a la CEOE de ambas provincias un calendario que irá del 3 de septiembre a final de año. En esta negociación, se han creado tres mesas de trabajo: una en torno al crecimiento y el empleo, una segunda sobre la protección social y una tercera relativa a la Ley de Participación Institucional, actualmente en trámite parlamentario.

Si bien la idea es no terminar ahí y avanzar en la consolidación del Estado de bienestar, la financiación constituye un factor clave en el engranaje. “Las subvenciones a las organizaciones sindicales son un elemento central del marco socio-laboral del país, tal como establece la Constitución”, recalca Carmelo Jorge, portavoz de CC.OO. en Canarias. “De la misma manera que se destina dinero a los partidos políticos”, remacha. “Esta es una asignatura pendiente en la democracia española, porque la eficacia de los sindicatos a la hora de diseñar propuestas está ligada a sus recursos tanto humanos como financieros”. Ante las críticas que se vierten a propósito del origen de los ingresos económicos de los sindicatos, Jorge ilustra su argumentación con un ejemplo práctico: “Las nóminas de los asesores de la consejera no las paga el PSOE, sino que se sufragan con dinero que sale del bolsilllo de los ciudadanos”. Por eso, resalta el dirigente de Comisiones, “insistiremos en la importancia de que el proceso descanse sobre la base del equilibrado”. Carmelo Jorge aprovecha la ocasión informativa que brinda el sosegado mes de agosto para poner de manifiesto que cuando los sindicatos abordan la concertación social “no están hablando de los problemas y de los derechos de sus afiliados, sino de las necesidades de la población en general y regulan cosas que nos afectan a todos: pensiones, mercado laboral, lucha contra la economía sumergida…”. En consecuencia, CC.OO. y UGT consideran “imprescindible” resolver la cuestión institucional. “Vamos a empujar para que el Parlamento no deje dormir la iniciativa”, enfatiza.

El Gobierno regional ha impulsado en los últimos doce años tres acuerdos que han servido , se lee en la exposición de motivos del proyecto de ley, para “garantizar el clima de confianza y paz social que permitieron remontar los periodos de crisis y alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social”. Pero la realidad es más tozuda que las palabras. “De 10 o 12 reuniones trimestrales hemos pasado a una cada tres trimestres”, apunta Carmelo Jorge. Su impresión es que el diálogo social no supone una prioridad para el Ejecutivo. “Más allá de la pose, veremos cómo se comporta”.

La regulación de la función de los liberados es una fuente de disgusto que ahoga a los sindicatos, junto a las ayudas públicas (por exceso o defecto, según el color del cristal con que se mira). El número de personas “dispensadas” para tareas institucionales se ha reducido de las 60 (30 por CC.OO. y otras tantas para UGT) de los albores de la crisis a las 12 (6 entre los dos) de ahora. Eso significa una pérdida de 900.000 euros. En resumidas cuentas, de tener casi el 20% de la estructura dedicada a este tipo de menesteres se han quedado en los huesos: un 2%-3%. A la vista de estos hechos, el sindicalista sentencia que el consenso se demuestra andando.