Edificios públicos de las Islas, al alcance de no todos los públicos

Las sedes de muchas instituciones públicas no son accesibles. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Ellos son los que dictan las normas, pero son los primeros que no las cumplen”. Así de tajantes se muestran desde los diferentes colectivos y entidades de discapacidad del Archipiélago, en lo que se refiere a la accesibilidad de los edificios y administraciones públicas en las Islas. Como ya publicó este periódico hace una semana, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció que se estaban concediendo algunos símbolos de accesibilidad internacional a entidades por silencio administrativo, sin que se resolvieran los expedientes ni se hubiera comprobado que efectivamente esos centros eran accesibles.

El problema, sin embargo, va más allá, recalcan desde CERMI, quienes aseguran que “ninguno de los edificios de las distintas administraciones públicas de las Islas ofrece una accesibilidad plena”. “Hay entidades con vocación social que no muestran con hechos y mejoras esa supuesta vocación. Y aunque algunos centros tienen superados los problemas de accesibilidad física, no son aptos para los deficientes visuales ni auditivos”, asevera el presidente de CERMI Canarias, Francisco Javier Bencomo.

En su opinión, este tipo de reivindicaciones no se hacen “por capricho”, sino que “responden a una cuestión de derechos fundamentales, porque como contribuyentes las personas con discapacidad también tienen derecho a que se les preste el servicio que merecen”. En este sentido, Francisco Javier Bencomo expone que “hay esfuerzos por parte de algunas administraciones públicas, pero por falta de iniciativa o valentía, o por problemas técnicos, económicos o incluso estéticos, nunca se concretan en acciones o reformas”.

Una opinión que comparten desde la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, donde consideran que “no se ha interiorizado la perspectiva de la discapacidad, a pesar de las normas que se han desarrollado”. “Pero las leyes no sirven para nada si la gente no es consciente de la situación que padecen diariamente estos colectivos”, arguye José Jorge, miembro de la Junta Directiva de la referida coordinadora. Según confirma, edificios como los de Usos Múltiples, el de la Agencia Tributaria o el propio Ayuntamiento de Santa Cruz son el claro ejemplo de que la eliminación de algunas barreras y ciertas soluciones de accesibilidad “no son suficientes”.

Mucho más crítica es la portavoz de la plataforma ciudadana Queremos Movernos, Ana Mengíbar, quien señala que “tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos y la administración estatal no cumplen con la norma básica de accesibilidad en sus instalaciones y edificios”. Mengíbar carga incluso contra los hospitales de referencia de las Islas, donde según ella “se ha puesto de moda en las consultas citar a la gente por un número que aparece en un panel luminoso, pero carecen de un sistema de voz para personas con deficiencias visuales, que no saben cuándo serán atendidos”.

“Canarias está a la cola en este tipo de cuestiones. No sólo la accesibilidad a los edificios públicos, también la urbana y la propia atención social a la discapacidad”, denota Ana Mengíbar, quien insiste en que existe “falta de humanidad, de compromiso y de capacidad” de los responsables públicos.

Una realidad que suscribe Jacinto Alonso, responsable de Servicios Sociales de la ONCE en Canarias. Para él, el Consejo de Accesibilidad prevé un régimen de sanciones para el incumplimiento de las normas, pero “no conocemos de ninguna sanción a ninguna administración pública por esto. De hecho, al consejo no se ha llegado nunca ningún expediente sancionador”, concluye.